Washington. -El Senado de Estados Unidos publicó este lunes un proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza, que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, de 118,000 millones de dólares.
La propuesta proporcionaría 60,000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14,000 millones de dólares a Israel, 4,800 millones a Taiwan, y 20,000 millones de dólares para la seguridad fronteriza.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, anunció hoy en un comunicado que celebraría la primera votación de procedimiento sobre la legislación el próximo miércoles.
«El acuerdo bipartidista del Senado es un paso monumental hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos en el extranjero y a lo largo de nuestras fronteras.
Esta es una de las leyes más necesarias e importantes que el Congreso ha presentado en años para garantizar la prosperidad y la seguridad futuras de Estados Unidos», anotó Schumer.
El senador demócrata de Nueva York, además, señaló que este borrador «proporciona miles de millones en inversiones vitales en la seguridad nacional de Estados Unidos para hacer frente a las crecientes amenazas en el Medio Oriente y el Mar Rojo y equipa a Ucrania para luchar contra Putin».
A la par que, «ayuda a Israel a defenderse contra fuerzas que desean borrar un Estado judío fuera del mapa y al mismo tiempo brinda asistencia humanitaria a civiles palestinos inocentes en Gaza, responde al llamado de asistencia humanitaria en todo el mundo y refuerza a Taiwán y otros aliados en la región del Indo-Pacífico contra China», según Schumer. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó hoy en un comunicado que esta propuesta hará que la frontera con México sea «más segura» y «preservará la inmigración legal».
«Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada», destaca el mandatario.
En diciembre, los funcionarios fronterizos procesaron a más de 300.000 extranjeros, la mayor cantidad de inmigrantes jamás registrada en un mes.
La propuesta, además, eleva el estándar para que los migrantes califiquen para solicitar asilo y aumenta la capacidad para detenerlos.
El proyecto de ley también fomenta resoluciones más rápidas para los casos de asilo en la frontera y crea una nueva autoridad de expulsión acelerada para expulsar con rapidez a los inmigrantes que no califican para asilo.
Esta legislación es una de las principales prioridades de la Administración Biden, sobre todo de cara a su reelección.
No obstante, a esta propuesta bipartidista le queda un camino difícil por delante, ya que algunos congresistas, en su mayoría republicanos, ya han criticado la medida.
Antes de que se anunciase el borrador, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, calificó la propuesta de «muerta» cuando llegue al Congreso.
Defensores de los derechos de los inmigrantes también han criticado el proyecto porque deja por fuera a los cerca de 11 millones de indocumentados a los que Biden prometió ayudar para aprobar un camino a la legalización.
El Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL, por sus siglas en inglés) dijo este domingo, tras el anuncio del borrador, que pese a que el proyecto de ley tiene cualidades -como destinar 2.334 millones de dólares para asistencia a refugiados recién llegados- hay diversos puntos con los que no están de acuerdo.
«No confiamos en que el nuevo proceso de asilo acelerado sea justo», anotó el NHCSL en un comunicado Senado de EEUU.
Asimismo, la organización señala que la financiación adicional para el Programa de Subvenciones de Operation Stonegarden (OPSG) «podría promover más abusos mortales».
«Los intentos de frenar drásticamente la inmigración dañarán la economía», recalca NHCSL.
Por su parte, la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), es aún más crítica y señaló que este acuerdo «obligaría al gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan».
«Este acuerdo tampoco cumple con años de promesas de implementar reformas que proporcionen vías hacia la ciudadanía para los ‘Dreamers’ (soñadores, beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y otros residentes de larga duración», señaló en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU. EFE