El Senado aprobó este miércoles una resolución que rechaza la sentencia emitida en contra de la República Dominicana por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el pasado 28 de agosto del año 2014.
La iniciativa, que fue incluida en la orden del día a petición de su autor, el senador Arístides Victoria Yeb, de la provincia María Trinidad Sánchez, fue acogida a unanimidad por los 18 senadores presentes.
El primer dispositivo expresa que “rechaza en todas sus partes la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 28 de agosto de 2014, por violar la Soberanía de la nación dominicana”.
El segundo establece “exhortar a la comunidad y organismos internacionales a respetar las regulaciones aplicables del Derecho Público Interno que definen, de manera precisa, quiénes son o no son nuestros nacionales”.
También pide “remitir a la Presidencia de la República vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presente resolución a los fines de que se le notifique a la CIDH.
Uno de los considerandos precisa que la CIDH dictó una sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso “de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana”, y declaró que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Otro considerando dice que la CIDH en dicha sentencia dispuso que “El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”.
Agrega que “en el entendido de que la Corte ha establecido en República Dominicana la irregularidad migratoria de los padres extranjeros como un motivo de excepción a la adquisición de la nacionalidad en virtud del Jus Soli, resulta discriminatoria”.
La resolución expresa que “en la interpretación que hace la CIDH privilegió la adquisición de la nacionalidad por el Jus Solis por encima del Jus Sanguinis, sin tomar en cuenta lo preceptuado en la Constitución haitiana, texto que nos lleva a afirmar, inequívocamente, que los hijos de haitianos que residen ilegalmente en República Dominicana no son apátridas, ya que al momento de su nacimiento tenían derecho a su nacionalidad, es decir a la haitiana vía Jus Sanguinis”.
Aclara la iniciativa que la situación de indocumentados que viven los haitianos no es responsabilidad del Estado ni del pueblo dominicano, pero que el Gobierno dominicano está asumiendo responsablemente y procurando una solución viable para ambas naciones, conforme al Decreto número 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de extranjeros.
Amable Aristy Castro señaló que iba a votar por la resolución con las dos manos, una por el extinto presidente Joaquín Balaguer y una por él, y leyó varios artículos de la Constitución de la República que establecen sobre la nacionalidad y la soberanía dominicana.
Sostuvo que está bueno ya de que organismos internacionales quieran dirigir al país, y lo definió como una falta de respeto a la República Dominicana.