Santo Domingo, República Dominicana.-El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional se sumó a las instituciones y personas que rechazan las modificaciones que el Ministerio de Turismo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han propuesto hacer a las Ruinas del Monasterio de San Francisco.
Los ediles acogieron la propuesta presentada por Waldys Taveras y Alex Núñez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Consuelo Despradel y Cesar Cabrera, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), consistente en ordenar la suspensión de cualquier actividad o intervención que modifique la actual estructura de las Ruinas de San Francisco como fue anunciada por el Ministerio de Turismo y el BID.
Sostuvieron que la iniciativa para remodelarla carece de la opinión y la ponderación de los organismos internacionales que regulan los monumentos patrimonios de la humanidad, de la consulta ciudadana y los permisos municipales, por lo que le otorgaron poder al alcalde Roberto Salcedo para que interpongan la acción de amparo preventivo que impida el cambio de la estructura de ese patrimonio de la humanidad.
El Concejo de Regidores del Distrito Nacional, en su decisión señala como violatorio a la Constitución y a las leyes, la licitación pública y la adjudicación realizada por el Ministerio de Turismo, para modificarlas.
Indicaron que en razón de que el artículo 199 de la Constitución establece que el uso de suelo es una competencia de los ayuntamientos, y la Ley 6232/63 de planificación urbana dispone que las oficinas de planificación urbana son las encargadas de la emisión, previa revisión y declaración de conformidad con las leyes y requisitos vigentes, de todos los permisos relativos o cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, ampliación, traslado, demolición, uso o cambio de uso de edificaciones y estructuras.
En su ordenanza, el Concejo Municipal hace referencia a una reciente decisión No 226/2014, del Tribunal Constitucional que en su página 13 interpreta el alcance del artículo 199 de la Constitución señalando que conforme a lo establecido en la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, corresponde a los ayuntamientos, a través de su Concejo Municipal, autorizar los usos de suelos y edificaciones en el territorio de la provincia a que pertenecen.