Una investigación sobre los feminicidios en la República Dominicana propone la necesidad de que se repliquen algunos de los planes ejecutados por naciones como Perú, Chile y El Salvador, que resultaron efectivos para disminuir las cifras de fallecimientos de mujeres a manos de sus actuales o exparejas.
El estudio, publicado este lunes, señala que la República Dominicana ocupa el tercer puesto de los países de Latinoamérica con mayor número de feminicidios.
La indagación fue realizada por Greidys Roa Chalas, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
Según el análisis, Perú, Chile y El Salvador presentan políticas en común que han fomentado la alerta temprana, la formación de la Policía y el Ministerio Público en materia de género y violencia, la existencia de atención especializada que asegura la protección para las potenciales víctimas del feminicidio y las campañas nacionales de educación.
Chile es el país de América Latina y el Caribe con la menor tasa de feminicidios íntimos por cada cien mil habitantes para el 2012, según el estudio, que señala que el país suramericano normalizó el feminicidio en 2010 con la Ley número 20,480, que impone sanciones que van desde la pena mayor de cárcel hasta cadena perpetua.
En ese sentido, subrayó la urgencia de la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo la incidencia del feminicidio en la República Dominicana.
El documento destaca que en la actualidad, la nación dominicana solo cuenta con la Ley 24-97, contra la violencia intrafamiliar, promulgada en 1997, que castiga los asesinatos de mujeres pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo requiere.
“Esto provoca que la respuesta sancionadora y reparadora del Estado siga siendo deficiente y que República Dominicana sea el tercer país con más feminicidios en Latinoamérica, después de Honduras y El Salvador, por encima de Colombia, Chile y Perú, países donde han disminuido las víctimas de maltrato a manos de su pareja, gracias a la implementación de políticas públicas”, apuntó.
El análisis indicó que en el primer semestre de este año en el país se reportaron 45 casos de feminicidios, para un incremento de 40 % en comparación con el mismo período en 2013.
Se plantea, además, la urgencia de hacer cumplir las leyes ya existentes, al tiempo de fortalecer los canales de denuncia y que se les brinde el seguimiento necesario a las víctimas.
Asimismo, recomienda reformar la Ley 24-97, la cual permite la conciliación como método alterno para la resolución de controversias y con ello deja abierta la posibilidad de acuerdos entre una mujer abusada y su agresor, sin que este último haya pagado por su culpa.
Además, como medidas preventivas para disminuir los feminicidios, el análisis propone una mayor inclusión de las mujeres en la vida productiva de la sociedad por medio de políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida.
“Se necesita brindar oportunidades de incrementar sus ingresos, principalmente a las más mujeres desposeídas, como son las madres adolescentes, trabajadoras domésticas, trabajadoras del sector informal y las envejecientes, para que no se vean forzadas a depender económicamente de compañeros abusivos”, concluye el documento.