Santo Domingo, RD.-La muerte de la joven locutora y estudiante de comunicación Franchesca Lugo, ocurrida durante un asalto perpetrado por cinco hombres, tres de ellos policías, un exmilitar y un civil, ha despertado la cacareada idea de fortalecer la seguridad ciudadana y de reformar la Policía Nacional.
Políticos, congresistas, empresarios y periodistas han insistido en la necesidad de reformar el cuerpo del orden como principal entidad responsable de salvaguardar a la ciudadanía, al tiempo que muestran preocupación por la violencia generalizada en todo el país.
“La muerte de Franchesca es una nueva evidencia de la necesidad de hacer una profunda reforma estructural en la política pública de la seguridad ciudadana y en la propia Policía Nacional”, fue la reacción de la diputada Guadalupe Valdez sobre el asesinato, al tiempo que responsabilizó al Congreso Nacional de no avanzar en la aprobación de una ley de reforma policial.
La fiscal del Distrito Nacional, Yenny Berenice Reinoso, tan pronto se enteró, lamentó que agentes policiales estén participando en hechos de esa naturaleza. Mientras que el congresista oficialista Elpidio Báez ha sostenido que dicha institución está podrida desde los pies hasta la cabeza.
Otros han ido más lejos en sus opiniones. El diputado Juan Hubieres responsabilizó al presidente Danilo Medina por el auge de la delincuencia. Sin embargo, el hecho ha tocado en lo más íntimo al mandatario, según reseña periodística, quien manifestó su deseo de que los culpables reciban un castigo ejemplar.
Los ciudadanos perciben la Policía como una amenaza
Según análisis del politólogo Daniel Pou, desde hace mucho tiempo la Policía está desempeñado un papel disfuncional en torno a su misión como institución y eso ha generado desconfianza en los ciudadanos. Para él, por esa causa es que la gente cuando es víctima de algún atentado evita poner denuncias, porque al final todo el mundo considera que sale perdiendo en cualquier tipo de relación con la institución del orden. Dijo que es por eso es que en el país hay tantos subregistros en las estadísticas delictivas.
Pou ha sostenido que las causas principales de que la República Dominicana esté entre los países con mayor percepción de inseguridad, es la falta de confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional, pues a su juicio, más que sentirse protegidos, la sola presencia de un agente hace que las personas se sientan amenazadas.
El politólogo cree que la situación de desconfianza no se revierte con leyes, sino con políticas de Estado, como establecer controles externos efectivos dentro de la uniformada, ya que no se puede llegar a buen puerto cuando el que tiene que garantizar transparencia es un subalterno del jefe.
Para lograr buenos resultados el especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana ve necesario dignificar la carrera policial, no tan solo los sueldos, sino la formación del agente, dar garantías mediante mecanismos de control y supervisión de la calidad del servicio; y sobre todo que se sienta cónsona al lado de la ciudadanía.
Además, que es prioritario hacer que la institución sea atractiva para los jóvenes progresistas con formación, “porque la integra la marginalidad, la gente con menos formación, con menos posibilidades… aunque hay oficiales brillantes, gente con calidad de servicio, muchas veces sin tener la calidad de la formación adecuada, con espíritu de servir”.
En la actualidad la Policía cuenta con 34 mil efectivos en nómina, pero más del 25% no está en funciones propias, porque muchos de los beneficiarios de los ascensos, sobre todo rangos medios teniente, capitán y mayor, benefician a individuos que se encuentran dentro de un estado de servidumbre a funcionarios públicos, empleados privados, comunicadores, dueños de bancas de apuestas y dueños de prostíbulos”, formuló Pou.
Sobre la reforma policial, entiende que la simple y sola transformación no es suficiente, pues debe estar incorporada dentro de una política de seguridad pública y una política criminal del Estado dominicano.
El experto concibe que la Policía no es el actor único y exclusivo para lograr la seguridad pública y hacer más eficiente la persecución penal, sino un eslabón, ya que hay otros aspectos como la transformación del Ministerio de Interior y Policía, que es responsable de diseñar e implementar las políticas de prevención en cuanto a la conducta delictiva y criminal.
Así como la definición de los ejes de una política criminal por parte de la Procuraduría General de la República, que hasta ahora tiene incorporados muchos elementos de esta, pero no posee una con la matriz de prevención que se debería tener.
Ojalá las autoridades y los legisladores asuman con más responsabilidad la necesidad de crear los mecanismos necesarios, que permitan brindar una efectiva protección mediante un plan que no solo garantice la persecución penal, sino la prevención de los crímenes y otras infracciones que atentan contra las personas. Tomado de dominicanoshoy.com