La Sisalril elige su Comité de Ética Pública

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Santo Domingo, RD.-La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), eligió su  Comité de Ética Pública para el periodo 2017-2019 en cumplimiento del Decreto 143-17 que  establece un nuevo régimen para el funcionamiento de las Comisiones de Ética Pública (CEP).

Mediante votaciones directa y secreta, sufrago el 90 por ciento de los colaboradores de las diferentes áreas de la institución con derecho a voto, escogiendo a los integrantes del  Comité que tendrá la responsabilidad de ser garante del cumplimiento de la  ética y la transparencia en la Sisalril.

El objetivo del Poder Ejecutivo con el presente decreto, consiste en que las Comisiones de Ética Pública, ejerzan con mayor independencia su función supervisora de la ética en la función pública y facilite el combate a la corrupción.

En tal sentido se instruye a los directivos titulares de las instituciones públicas del gobierno central a crear y mantener vigentes y en funcionamiento una Comisión de Ética Pública que funcione con pleno derecho y autonomía en la sede de la institución bajo su dirección.

El Comité de la Sisalril quedó integrado por Brenda Sánchez, subgerente de Remuneraciones de Gestión Humana; Rafael Fermín, gerente de Investigación y Sanciones de la Dirección Jurídica; Mario A. Moreno, auxiliar Administrativo de la Dirección Administrativa y Financiera; Albania Ureña, gerente de Gestión de PSS  de las Áreas Sustantivas (Misionales)  y Gabriela Sánchez, subgerente de Documentación, así como Pamela de los Santos, gerente de Estadísticas, por las otras Áreas Organizacionales, junto a Víctor Castillo, gerente de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y miembro de oficio con el cual se completan los 7 miembros de la nueva conformación del Comité.

También fueron electos en el proceso los tres suplentes  que son: Miguel Méndez, encargado de Implementación de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información como primer suplente; Victoria A. Cruz Gullón, gerente de Contabilidad y Presupuesto segunda suplente y Genaro Henríquez García, analista de Traspaso de la Oficina de Atención al Usuario como tercer suplente.

Con esta elección y posterior juramentación del nuevo Comité de Ética e Integridad se renueva el anterior Comité que operaba desde hace dos años, en cumplimiento de las nuevas reglamentaciones vigentes.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) hizo llegar la certificación, mediante la cual reconoce la validez de dicha elección, al constatar que se cumplió con las disposiciones vigentes que garantizan la transparencia y democracia interna, así como la representatividad de las diferentes dependencias de la  Sisalril.

Por su parte, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos,  destacó que con esta renovación se da cumplimiento a una de las disposiciones del Presidente Danilo Medina que forma parte del conjunto de iniciativas que promueven una gestión pública más efectiva, más transparente y con clara vocación de rendición de cuentas, entre las cuales se destaca la asignación por sorteos públicos de obras de infraestructura, estrictas reglamentaciones sobre compras y contrataciones, la cuenta única del tesoro, y el fortalecimiento de la DIGEIG, así como la  vigilancia, monitoreo y tolerancia cero a cualquier desviación en el cumplimiento de las normativas vigentes.

La gestión pública, dijo Castellanos, debe garantizar adecuados y oportunos servicios a la ciudadanía, con eficiencia y calidad, pero también debe asegurar que los recursos públicos son gestionados con pulcritud y que se rinde cuenta a la ciudadanía.  Esto traduce una ética del compromiso con la misión institucional y la equidad social,  y al mismo tiempo una ética administrativa que en conjunto fortalecen la confianza ciudadana en  las instituciones  democráticas que todos queremos continuar desarrollando y fortaleciendo como base esencial de un nuevo modelo de desarrollo que nos asegure prosperidad con justicia social.

Finalmente, Castellanos señaló que en su condición de funcionario público garantiza a los integrantes del Comité de Ética que podrán cumplir sus funciones con total libertad y autonomía, y contarán con la colaboración que consideren necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones.

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