Santo Domingo, RD.-El descalabro que se venía evidenciando desde hace años en el sistema de justicia dominicano se ha hecho más irrebatible en el 2015, durante el cual la impunidad se mudó a los tribunales para favorecer, mayormente a los acusados de corrupción administrativa.
También hubo casos de corrupción en empresas privadas que contaron con la benevolencia de los enjuiciadores. Igualmente, el narcotráfico, lavado de activos, violencia contra la mujer, feminicidios, homicidios y muertes ligadas a sicariato ocuparon grandes espacios en las crónicas judiciales, verificándose un significativo incremento de hechos violentos.
Evidentemente los expedientes de corrupción administrativa fueron los que más llamaron la atención, al conocerse al menos 10 acusaciones, especialmente a alcaldes que se apropiaron de los dineros públicos para su beneficio personal. Lamentablemente, la mayoría de estos casos no tuvieron un resultado positivo y los responsables están en sus casas disfrutando la fortuna robada.
El No Ha Lugar dictado por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, a favor del senador y exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Félix Bautista, y otras seis personas acusadas por el Ministerio Público de malversar unos RD$27 mil millones, fue el más llamativo y pese a las presiones de la sociedad civil, el legislador, quien es secretario de Organización del partido en el gobierno fue liberado de todos los cargos en su contra.
Entre tanto, ha ido creciendo el interés de la población en demandar justicia y el cese de la impunidad, escenificando acciones en repudio a la corrupción con cadenas humanas frente a la Oisoe y el Palacio Nacional, donde han sido severamente maltratados por agentes policiales.
La corrupción en los ayuntamientos motivó el asesinato del regidor Renato Castillo, del municipio de Bayaguana, Monte Plata, supuestamente mandado a matar por el síndico Nelson Sosa Marte, a quien había acusado de gastarse los fondos de la alcaldía en su provecho personal. A Sosa Marte se le conoce en libertad un juicio de fondo junto a otras dos personas acusadas de la muerte del concejal.
Casos más conocidos
Este año la justicia conoció expedientes de corrupción a los alcaldes de los municipios de Cabarete en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Romana y San Cristóbal, entre otros.
Un caso criticado fue la sentencia dictada el 25 de agosto pasado por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata, que descargó a los directores municipales de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe de la Cruz, quienes en el ejercicio de sus funciones cometieron actos de corrupción por la suma de RD$180 millones.
También la sentencia del día 10 de julio de 2014 que acogió una declinatoria por causa de seguridad pública en el proceso seguido a Félix Manuel Rodríguez Grullón, alcalde de San Francisco de Macorís, que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público incurrió en un desfalco de más de RD$400 millones, sin causa razonable alguna.
El 18 de junio de 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia exoneró de responsabilidad penal a los imputados del fraude cometido en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, durante la gestión de Elías Wessin Chávez, donde conforme a una auditoría de la Cámara de Cuentas, fueron utilizados, disipados y distraídos fondos públicos por valor de RD$157 millones 212,188.
En fecha 14 de febrero de 2013, el Juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada declaró inconstitucional el Auto No. 0005893, dictado por el Procurador General de la República y los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281 del Código Procesal Penal, que ordenaba el levantamiento del archivo provisional de la investigación llevada en contra del senador por la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, investigado por prácticas de corrupción en perjuicio del erario público.
Uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años es el que implica al exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Héctor Rodríguez Pimentel, y un grupo de exempleados de esa entidad estatal, el cual envuelve más de RD$1,500 millones y US$56 millones. El caso está empantanado en el sistema de justicia, según ha declarado Laura Guerrero Pelletier, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mientras que en 2015 al alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, según un expediente de la Cámara de Cuentas, se le atribuyen irregularidades por más de 76 millones de pesos y las ventas de supuestas chatarras por ocho millones de pesos.
Asimismo, en este 2015 las muertes por encargo tocaron los sindicatos de choferes del transporte público de pasajeros, siendo asesinados al menos cinco conductores de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), que preside el diputado Juan Hubieres.
Las muertes son atribuidas al regidor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por el municipio de Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, Ericson de los Santos Solís, quien está en prisión a espera de un juicio por esos asesinatos.
Finalmente, a esos hechos de sangre ha sido vinculado el sindicalista Arsenio Quevedo, a quien se le atribuye ser una pieza importante en el entramado para matar a los choferes y apropiarse de algunas rutas en la capital. El hombre está en prisión también en espera de juicio.
Pese a la crudeza de lo narrado, la parte que ha llamado más la atención, ya en las postrimerías de 2015, lo ha constituido el descubrimiento de una alegada red de jueces que dejaba en libertad a narcotraficantes y otros criminales, por lo que recibían grandes sumas de dinero.
La red, aparentemente la comandaba el exjuez y consejero del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien según datos contaba para llevar a cabo sus fechorías con la anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía.
El magistrado Germán Mejía habría recibido al menos cuatro denuncias de igual número de jueces, mediante las cuales se evidenciaba que Arias Valera los presionaba para que fallaran a favor de imputados ya condenados.
Entre las denuncias contra Arias Valera está una hecha en el 2013, por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, a quien promovió a esa posición a cambio de recibir instrucciones para liberar presos. Hizo la denuncia a raíz de haber ordenado la prisión domiciliaria del banquero Leonel Almonte y de Álvarez Renta, por lo cual fue sometido a un juicio disciplinario, al que renunció para librarse del caso.
Igualmente, la magistrada de la Corte Penal de San Cristóbal, Santa Moreno, elevó ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos una instancia en la que evidenció que Arias Valera ordenó poner en libertad a Francis Vergar Mateo, imputado de narcotráfico.
De ese mismo modo, la magistrada de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Isis Muñoz, en una carta de julio de 2015, denunció que Arias Valera se dedicaba a prácticas proselitistas a lo interno del Poder judicial, para promover candidatos al Consejo del Poder Judicial que se van a elegir en febrero de 2016.
También reveló en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que para tales fines realizó reuniones en Barahona en una casa de un exservidor público que ha tenido problemas de droga.
Asimismo, el juez Efraín Silva, de San Pedro de Macorís, manifestó que fue destituido por no obedecer órdenes del exjuez Arias Valera.
Lo anterior salió a relucir luego de que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitara al Consejo del Poder Judicial investigar a cinco jueces activos y a un exmiembro del Poder Judicial, por su presunta vinculación a la citada estructura que supuestamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En la solicitud evidenció que esa estructura estaba dirigida por Francisco Arias Valera, quien se desempeñaba como juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, y era miembro del Consejo del Poder Judicial, organismo al cual renunció.
Los otros jueces eran Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Elio Germán Figueroa, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de la misma jurisdicción.
Hasta el momento, la suspendida jueza Reyes Beltré es la que está cargando con mayor responsabilidad, al ser acusada de recibir sobornos para favorecer al regidor Ericson de los Santos Solís. Igualmente, dispuso la devolución de 20 millones de dólares a la compañía Prado Universal, constructora de la Torre Atiemar y un avión incautado al presidente del quebrado Banco Peravia.
Episcopado muy preocupado
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), se pronunció en contra de la corrupción y recordó a la nación dominicana su postura ante este mal con algunas reflexiones sustraídas de documentos de los años 1975, 1995 y 2015, señalando que este problema ha sido una constante en la República Dominicana.
La entidad que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica calificó de “lamentable tener que confesar que la corrupción va llegando a niveles indecibles. Casi todo lo invade y lo que es peor va obteniendo carta de impunidad y de descaro público. No es algo que se trama a la sombra, se consigue ocultamente y se disfruta con disimulo; al revés, se trama a gritos, se consigue a la luz pública y se disfruta con ostentación y provocación, sobre todo de los que nada o muy poco tienen, o puede tener, en este país, tierra de todos”.