Santo Domingo, RD.-El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, sostuvo que la mal llamada política de Guerra contra las drogas, jamás debió existir, al considerarlo un modelo injusto, ultrarepresivo y violatorio a los derechos humano. Indicó que ha sido la forma privilegiada en el Continente Americano para enfrentar el complejo problema de las drogas.
Mediante una declaración escrita, Rosa Hidalgo explica que se han cometido abusos innombrables, como terribles violaciones a los derechos humanos, todo en nombre de la seguridad, los cuales han sido el legado de esta política. Sin embargo, eso solo ha servido para agravar mucho más el problema, ya que es una política absurda basada en las sustancias y en mitos y estereotipos creados desde perspectivas ultraconservadoras.
La realidad es que la inmensa mayoría de las personas consumidoras no precisan tratamiento. Se sabe además que apenas una (1) de cada diez personas consumidoras tiene consumo problemático. Estos mitos, sin embargo son los que han orientado las políticas de drogas por muchos años.
Hoy se empieza a desmontar ese modelo, tan fracasado como abusivo. Hoy el debate marcha en direccion a las regulaciones, más que a las prohibiciones. Se busca centrar el problema en las personas, y no en las sustancias. Se avanza hacia el respeto a los derechos humanos. Se empieza a desmontar la falacia de que las Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas obligan a los Estados a penalizar el uso o la posesión de drogas para uso personal. Se avanza en hacer frente a la discriminación y al estigma que arrastran las personas usuarias, limitando su acceso a los servicios de salud.
La Suprema Corte de México, acaba de dar una nueva muestra de inteligencia y respeto por los derechos humanos en un tema que años reciente era tabú en los tribunales de justicia: el uso recreativo del Cannabis, mejor conocido como marihuana. Con su sentencia el alto tribunal mexicano reconoce que los Derechos Humanos, las libertades individuales, la dignidad humana, están por encima de las absurdas políticas de guerra contra las drogas, que criminaliza a las personas consumidoras, especialmente a las más jóvenes y vulnerables.
En el año 2009 en Argentina se produjo un fallo en la misma dirección, a favor de un grupo de jóvenes que fueron sometidos a la justicia por encontrarse en posesión de sustancias para su consumo. Dicho pronunciamiento, conocido como el “fallo Arriola”, “reconoce la inconstitucionalidad en el castigo, a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado”. El debate se ha abierto en Costa Rica. Se ha despenalizado el consumo en Jamaica. Desde 1974 no se persigue a las personas usuarias en Uruguay, lo mismo sucede en Colombia. En Europa, donde se ha aplicado también la guerra contra las drogas, el enfoque es más humano, donde el consumidor no es perseguido, y el consumo problemático es tratado desde la perspectiva de la salud.
Pero, y en la República dominicana ¿qué está sucediendo? La realidad es que nuestro país mantiene una política mediocre, corrupta, inhumana, y violatoria a los derechos humanos, de espalda a lo que ocurre a nuestro alrededor. Quienes nos dirigen no parecen entender el problema, o simplemente no les importa. Nuestras autoridades siguen sordas, ciegas y mudas ante este cambio en las políticas de drogas. Seguimos criminalizando a las personas usuarias, los que las lleva a prisión, cuando no las convierte en presa fácil de la corrupción, el chantaje y la extorsión. Se mueren día a día las personas usuarias crónicas de heroína, porque la ley 50 -88, les clasifica como traficantes, y prohíbe todo uso de métodos alternativos de tratamiento. Se cierran o limitan los programas preventivos y de atención, ante la negativa oficial de asignar recursos a estos programas sociales.
Es tiempo de acabar con esta criminal política. Nuestro país no puede continuar a la zaga de los demás países que han entendido la necesidad de cambiar. ¡Acabemos ¡ya!, la abusiva Guerra contra las Drogas!