Lo hicieron durante un encuentro con senadores
Santo Domingo, RD. -El 10 de octubre de 2023 representa una fecha histórica para el nuevo gremio de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana. El Senado fue el escenario ideal para presentar ante un grupo de sus miembros la recién creada organización Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana (Udicard).
Con propósitos claros y firmes en la búsqueda de la solución de sus violentados derechos humanos y fundamentales, el presidente de Udicard, Rafael Hernández, expresó “como diplomáticos de carrera adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos permanecido por años rindiendo una útil labor al país, cónsona con las responsabilidades que nos han sido conferidas”.
En el día de hoy, les informamos a ustedes, al país y al mundo, que hemos convenido en asociarnos por una justa causa, asumiendo el derecho que como servidores públicos de carrera nos asiste, para con ello y en bloque, unidos ir hacia la restauración de nuestros derechos humanos violados por parte del actual jefe del Poder Ejecutivo de la República Dominicana y su canciller Roberto Álvarez.
Asimismo, nos hemos unido como gremio especializado, de conformidad con los artículos 47 y 62-3 de la Carta Magna y el Convenio No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo para asociarnos con fines de proceder colectivamente y lograr conquistas laborales justas y lícitas; sometimos formales denuncias por violación de derechos humanos ante organismos internacionales, por violación de nuestro sagrado derecho al trabajo y nuestra dignidad humana que como dominicanos nos corresponde.
Hechos notorios, públicos y comunicacionales
El País ya conoce nuestro caso, pues representó una de las primeras acciones ejecutadas por parte del Presidente Luis Abinader en conjunto con el actual Canciller Roberto Álvarez Gil, cuando por medio de un mecanismo inconstitucional y violatorio del principio de legalidad del País, cumplió con su eslogan de campaña electoral (EL CAMBIO), destituyendo masivamente a un numeroso grupo de Diplomáticos de Carrera adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, contrariando de esa forma, su promesa hecha a todo el país, justo después de su primer discurso como Presidente electo, el cual era: “respetar a aquellos servidores públicos en sus respectivos cargos”, y luego seleccionó el peor momento de la historia de la humanidad reciente, justamente, violentando el Decreto de Estado de Emergencia Nacional y ante una Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y la resolución emanada del Ministerio de Administración Pública, donde cientos de personas fallecidas en el país, y el mundo como consecuencia del COVID-19 no fueron suficientes para suspender tales medidas ejecutivas, y procedió sin ningún tipo de contemplación y violentando la Carta Magna, a destituir a servidores públicos de carrera, en nuestro caso , acción que recayó en personas que por muchos años, fuimos la cara internacional de la República Dominicana, y que al día de hoy, ante la vulneración de derechos laborales, hasta personas bajo licencia médica, fueron retirados y otros perdieron hasta sus vidas.
Los tribunales dominicanos conocen el gran número de demandas que estas ilegales acciones del Poder Ejecutivo han causado, solo por el hecho de que somos contrarios a la opinión política del gobierno.
Posición del Tribunal Constitucional
El presidente del Tribunal Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones la obligación del Estado en la ejecución de las Sentencias en favor de los servidores públicos cancelados, incluso, ha exhortado a empoderar a un órgano extra poder como el Defensor del Pueblo a que cumpla con su rol institucional. La realidad es otra, desde hace más de un año, que hemos solicitado en conjunto con nuestros compañeros la intervención de Pablo Ulloa en este caso, bajo el cumplimiento de la ley 19-01 donde se prevé la obligatoriedad de la intervención del Defensor del Pueblo, cuestión que no hemos contado con ningún apoyo de su parte, solo un silencio administrativo.
Nuestra realidad al día de hoy
Como Organización de Diplomáticos de Carrera y con estricto apego a la Constitución Dominicana y el Tratado No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo, procedimos en nuestra condición de víctimas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en Ginebra Suiza, a fin de denunciar al Gobierno Dominicano y su Canciller Roberto Álvarez como violadores de nuestros Derechos Humanos, previstos en los artículos 1 (igualdad en dignidad y derechos), 2 (no discriminación ) ,6 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) ,7 (Igualdad ante la Ley), 12 (prohibición de ataque contra la honra y reputación) ,23 (derecho al trabajo) y 25 (bienestar personal y familiar) de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, visto además, las notorias prácticas dilatorias puestas de manifiesto en el orden interno, al desacatar las Sentencias en las que se ordena nuestro reintegro y donde se evidencia la ilegalidad con la que procedió mediante “Decretos”, el Ejecutivo Nacional bajo la rúbrica del Presidente Luis Abinader.
Denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo
Igualmente, el mismo día 10 de los corrientes, depositamos formal Denuncia por ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en la 4 route des Morillons-CH-1211 Geneve 22 Suiza, donde de forma clara y precisa procedimos,
conforme al artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo a denunciar la violación flagrante y no acatamiento por parte del Gobierno Dominicano de los Convenios Internacionales ratificados por la República Dominicana y en plena vigencia, de la Organización Internacional del Trabajo y donde, jurando la urgencia del caso, requerimos la aplicación de las medidas correspondientes, estas son, finalmente, parte de las consecuencias de un gobierno que afirma cumplir con los derechos humanos de los dominicanos.