Santo Domingo, RD.-Con el interés de contribuir a que las cárceles del país garanticen servicios humanizados y respeto a la dignidad de las personas, la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, realizó este miércoles una visita al Centro Penitenciario y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
La visita tuvo como objetivo, identificar la situación que viven las mujeres privadas de libertad, por lo que, durante el recorrido por el recinto, la doctora Martínez conversó con las internas, quienes ofrecieron a la funcionaria una valoración de los servicios y atenciones que reciben diariamente.
De igual forma, algunas reclusas presentaron quejas por la poca ración alimenticia que reciben diariamente y de las incidencias acaecidas en el centro.
La doctora Martínez estuvo acompañada por la directora del Centro, Sujeidy Álvarez; también, de relis Serret, representante del Ministerio de la Mujer en Banì; la profesora Santa Lachapel, instructora de las internas; Katty Tapia, abogada de la Consultoría Jurídica y Madeline González, abogada adscripta a la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo, entre otras funcionarias.
Durante la inspección, el personal del Defensor del Pueblo registró quejas y ofreció orientaciones a las mujeres, acerca de distintos temas plantados por las internas.
Al pronunciar algunas palabras de motivación, la Defensora del Pueblo indicó que continuará estos recorridos por las distintas cárceles del país, como ha hecho durante los tres años de labor que tiene la institución que dirige.
Dijo que buscan identificar avances y seguir ofreciendo respuestas a las problemáticas que muestran los centros penitenciarios, siempre en interés de garantizar derechos fundamentales de la población dominicana.
El nuevo modelo de gestión penitenciaria que exhibe nuestro país, busca humanizar las cárceles, mediante tratamiento progresivo a personas privadas de libertad. El Defensor del Pueblo, tiene la responsabilidad de vigilar la protección y del cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, vigilar la legalidad de los actos de la administración pública y supervisar que los actos de los funcionarios públicos se sometan estrictamente a la Constitución y a las leyes.