Los abogados del senador Félix Bautista acusaron de desacato al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha intimado a los registradores de títulos para que no procedan a levantar las notas de advertencias autorizadas mediante la resolución No. 4012-2014 del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto.
Los juristas Marino Feliz Rodríguez, Pedro Balbuena y Ramón Núñez, de la barra de la defensa de Bautista, sostuvieron que la advertencia realizada carece de fundamento legal y viola la Constitución de la República y el Código Procesal Penal en lo relativo al derecho a recurrir, por lo que no debe ser atendida.
Argumentaron que con esta acción el procurador incurre en desacato de las decisiones jurisdiccionales, lo cual constituye un ilícito penal sancionado por el artículo 188 y siguientes del Código Penal Dominicano. Indicaron que el proceder de Domínguez Brito vulnera los artículos 393, 292, 410 del Código Procesal Penal y el párrafo 3 del art. 149 de la Constitución de la República.
“Amenazar a los registradores de títulos mediante acto de alguacil es inaceptable, viola el principio de separación de poderes y de funciones, establecidos respectivamente, en los artículos 4 de la Constitución de la República y 22 del Código Procesal Penal, al tiempo de que constituye una violación al artículo 307 del Código Penal, que sanciona la amenaza”, destacaron.
La decisión tomada por el Juez Frank Soto Sánchez no es objeto de ningún recurso, ya que el sistema de recurso consignado en el Código Procesal Penal, es reglado, tal cual se consigna en el artículo 393 del Código Procesal Penal que indica “las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código”.
En este sentido, establece el artículo 410 del CPP que “son recurribles ante la Corte de Apelación sólo las decisiones del juez de paz o del juez de la instrucción señaladas expresamente por este Código”. En el caso de las notas de advertencias resultadas por el magistrado Frank Soto, en atribuciones de Juez de la Instrucción, estas no son apelables, toda vez que el artículo 292 del CPP no indica que la resolución de peticiones sea objeto de ningún recurso.
“Es lamentable que el procurador general de la República no entienda el proceso establecido en la Constitución y las normas sobre el derecho a recurrir, aventurándose a intimar bajo amenaza a representantes del Poder Judicial, como son los registradores de títulos, lo cuales están obligados a dar cumplimiento de inmediato a la decisión del magistrado Soto”, concluyeron.