La Cámara de Diputados no ha podido conseguir el paradero de un profesor universitario, para entregarle un resumen de 432 mil páginas con informaciones que requirió mediante el Departamento y Libre Acceso a la información.
El apuro obligó a que el presidente de ese hemiciclo, Abel Martínez, llamara a la reflexión a los legisladores sobre la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04), y la solicitud de datos sobre los fondos de gestión legislativa, que hizo el ciudadano Manuel Muñoz y que aún no ha retirado.
Martínez señaló que el ciudadano en cuestión sometió a la acción de la justicia a la Cámara de Diputados, a fin de que se le entregara alrededor de medio millón de copias de documentos de las gestiones desde el 2010 hasta la fecha.
Indicó que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Administrativo falló a favor del hemiciclo; pero, el señor Muñoz recurrió los dictámenes ante el Tribunal Constitucional, que le dio ganancia de causa y obligó a entregar las informaciones solicitadas.
El presidente de la Cámara Baja resaltó que para cumplir con el mandato del TC, establecido mediante sentencia #0042-12, y satisfacer la petición, desinaron 32 empleados por más de cuatro meses, a fin de que reunieran los datos.
Afirmó que en ese lapso se utilizaron 15 computadoras; 9 escáneres de lectura de 90 hojas por minutos; de esto cuatro fueron adquiridos por un valor de 100 mil pesos y se imprimieron unas 432,028 mil páginas.
Varios legisladores propusieron que las documentaciones sean enviadas a la residencia del solicitante con una notificación de un alguacil.
Cristian Paredes solicitó rendir un informe económico de los gastos asumido por la Cámara de Diputados para darle respuesta al profesor universitario, quien a pesar de llamársele no ha retirado las informaciones.