El Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), reclamó al Congreso Nacional aprobar en la actual legislatura «un marco legal adecuado a la problemática de la violencia contra las mujeres y a la problemática de la salud sexual y la salud reproductiva».
La coordinadora general del Centro, Lourdes Contreras, expresó que actualmente la violencia contra las mujeres sólo cuenta con la Ley 24-97, que es punitiva, pero que además, se requieren políticas para la prevención de la violencia.
Contreras pidió la aprobación del proyecto de ley sobre salud sexual y salud reproductiva y la iniciativa que crea un sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres, así como del Proyecto de Código Penal, que tiene más de diez años en discusión.
«Hasta el momento las trabas fundamentales (en el Código Penal) han estado en la conceptualización de feminicidio, por un lado, y en la interrupción de un embarazo».
En cuanto a la interrupción del embarazo, Contreras afirmó que tanto en el Código Penal como en el proyecto de salud sexual y reproductiva buscan que se despenalice el aborto en caso de que la vida de la mujer corra peligro, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o si el feto tiene malformaciones congénitas que pongan en riesgo la vida de la madre.
Según el CEG, entre enero y agosto la Procuraduría General de la República registró 50 feminicidios -cometidos por parejas o exparejas, lo que indica un aumento porque en ese mismo período de 2013 sólo se habían registrado 42 casos.
Además, el Centro cuestiona que la Procuraduría sólo registre como feminicidios los cometidos por parejas o exparejas y alertó que los homicidios contra las mujeres aumentaron un 29.5% entre enero y agosto, al registrarse 127 casos, mientras que en 2013 fueron 98.
El proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva fue reintroducido en la Cámara de Diputados el pasado mes por los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez, sus proponentes, y se encuentra en la Comisión de Salud.
El otro proyecto lo estudian las comisiones de Ministerio Público y de Género de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Familia y Género del Senado, según informó.
Contreras ofreció estas informaciones durante un encuentro realizado con el Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa), y representantes de los medios de comunicación, en el restaurante Vizcaya, en la capital.