El libro “Al servicio del ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio Civil en América Latina (2004–13)”, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analiza la situación de este indicador en 16 países latinoamericanos, señala los avances de República Dominicana en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil, en el cual el país fue uno de los que más progresó en la región, sobre todo en el marco normativo legal, con la aprobación de legislaciones como la Ley de Función Pública y la de Regulación Salarial del Estado dominicano.
Asimismo, el volumen cita que el índice de mérito en la Administración Pública dominicana pasó de 7 a 27 puntos, y la organización de la Función de Recursos Humanos aumentó de 50 a 60 puntos, “un nivel considerablemente elevado”, aclara el libro, que fue presentado en la mañana de este miércoles, con la presencia de Humberto Gobitz, jefe de Operaciones del BID en la República Dominicana; Ramón Ventura Camejo, titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), y Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea.
“En esta importante obra, que ha sido elaborada con mucho detalle por un equipo de especialistas del BID, quedan reflejados los avances de la República Dominicana en administración pública y gestión de los recursos humanos dentro de las instituciones del Estado, a lo largo de estos diez años de esfuerzos por fortalecer la institucionalidad en el país y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”, destacó el ministro Ventura Camejo, al comentar la publicación del BID.
El funcionario también se refirió a que los indicadores tomados en cuenta en el análisis realizado por el BID son los mismos que fueron incluidos en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), a través del cual se le da seguimiento al cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública por parte de las instituciones gubernamentales.
La introducción sobre la obra la realizó Mariano Lafuente, especialista Senior en Gestión Pública del BID y co-autor del libro, quien también expuso sobre los capítulos cuatro y cinco, que versan acerca de las estrategias para avanzar en la modernización del Servicio Civil en América Latina, mientras que la presentación de los capítulos dos y tres, que contienen un diagnóstico del Servicio Civil en América Latina corrió a cargo de la experta argentina Mercedes Iacoviello, consultora senior en Gestión de RRHH y también co-autora del libro.
Según el volumen, contar con un servicio civil profesionalizado es uno de los hitos fundamentales para lograr una mayor capacidad del Estado y una mejor calidad del gasto público, si se toma en cuenta que 16 gobiernos de América Latina invirtieron en 2012 una cantidad importante de recursos en las remuneraciones de los empleados públicos del gobierno central: en promedio un 5.8% del producto interno bruto (PIB), equivalente al 41% de sus ingresos tributarios y al 26% del gasto total del sector público.
En ese sentido, el informe analiza el nivel de desarrollo del servicio civil en 16 países de América Latina entre 2011 y 2013, en función de una metodología que evalúa los 33 puntos críticos que conforman los subsistemas de servicio civil, basados en la Carta Iberoamericana de la Función Pública.
En la obra también se compara el desarrollo actual del servicio civil en la región con los resultados del diagnóstico regional anterior de 2004, utilizando una versión ajustada de la misma metodología; se identifican estrategias para modernizar la administración pública de la región, en base a las lecciones aprendidas de experiencias recientes de reforma en diferentes países; y se propone una posible agenda a futuro para continuar con los esfuerzos de profesionalización del servicio civil.
Según el informe del BID, “la evolución del servicio civil en América Latina en la última década, en cuanto a sus avances y estancamientos, ha sido producto de esfuerzos exitosos (y no tan exitosos) de modernización, que se han enfocado en diferentes aspectos de esta agenda.
Los análisis de experiencias de reforma en tres campos clave, como lo son la profesionalización del segmento directivo, el establecimiento de garantías efectivas contra la politización del empleo público (de mayor relevancia para aquellos países de menor desarrollo relativo del servicio civil), y la reforma de la gestión de las compensaciones (un desafío que suele tener un enfoque de sostenibilidad fiscal de la masa salarial, pero que también puede orientarse a mejorar la atracción y retención de capital humano), arrojan conclusiones sumamente relevantes para el diseño y la implementación de estrategias que permitan avanzar con un paso más firme en la mejora de la gestión de recursos humanos (GRH) del Estado”.
Como parte de los retos presentes ante la administración pública de la región, el volumen hace referencia a 10 objetivos principales en los cuales se podría avanzar, entre ellos, la reducción de la dependencia excesiva en medidas genéricas de mérito e introducir mayor flexibilidad en la GRH y del énfasis en procedimientos uniformes y centralizados para toda la administración y permitirle a las instituciones tomar medidas para atraer, contratar, motivar y retener al personal adecuado para sus necesidades.
También recomienda introducir gradualmente características de sistemas de empleo para algunos sectores o puestos, de forma selectiva, complementando los sistemas de carrera vigentes; profesionalizar el espacio directivo; institucionalizar los sistemas de gestión e información; implantar la gestión por competencias, pero rehuyendo los diseños de laboratorio, y avanzar en la gestión del rendimiento con una visión estratégica y una alta dosis de realismo.
Otras metas serían mejorar la gestión de las compensaciones para atraer, retener y motivar al capital humano, y, al mismo tiempo hacer más eficiente la gestión de las compensaciones para contener la masa salarial.
El libro de BID toma en cuenta para su análisis comparativo, además de República Dominicana, a Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú, Honduras, Paraguay y Panamá.