Corrupción Petrobras toca de cerca a República Dominicana

Rubén Bichara defiende contrato planta a carbón

Los escándalos de corrupción de Petrobras en Brasil tocan muy de cerca a la República Dominicana, tal y como ha venido publicando la prensa nacional e internacional en los últimos días, debido a que organizaciones mundiales han anunciado que visitarán al país, a fin de investigar las denuncias.

En tal sentido, la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI), anunció que investigará posibles réplicas del escándalo en la petrolera brasileña Petrobras en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela y la nación dominicana.

Según IT, se han “evidenciado” los vínculos entre grandes empresas constructoras y el poder político, lo que plantea la posibilidad de “réplicas” de ese modelo de negocios en otros estados de la región.

Las secciones nacionales de esta ONG -fundada en Berlín y con sede en la capital alemana- en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, han requerido información a sus respectivos gobiernos acerca de contratos otorgados a esas empresas.

Legisladores en pro y contra

El representante por la provincia de La Romana en la Cámara de Diputados, Teodoro Ursina Reyes, indicó que en el país no hay nada que ocultar. Dijo que nadie puede estar por encima de las leyes, ya que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos los estados.

“El Estado dominicano no tiene por qué tapar nada. Entiendo que todo se ha hecho en base a la transparencia y no tendríamos nada que esconder”, indicó el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ursina Reyes precisó que el Estado no puede manifestar ningún tipo de animadversión contra nadie, sino “despojarnos de los intereses particulares, para que se logre un informe con la realidad del accionar económico de las compañías brasileñas en el país”, apuntó.

Mientras que el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Carlos Gabriel García, expuso que serían una intromisión las investigaciones sobre la supuesta ramificación del caso Petrobras en el país. “No puede ser competencia de ningún organismo de carácter internacional. Si hay algún hecho que indagar, deben ser la autoridades dominicanas quienes lo ejecuten, y si hay que sancionar algún funcionario comprometido,  no deben de haber contemplaciones”, aclaró García.

Ramón Bueno,  por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que lo que se debe investigar, es quiénes  fueron los que dieron su visto bueno para que se instalaran esas mafias y se llevaran los recursos del Estado dominicano.

“Aquí se ha estado indagando y solicitando para que se diga quiénes ayudaron al expresidente de Brasil, Lula Da Silva, con el objetivo de que esas corporaciones se instalaran aquí para llevarse los recursos del pueblo, pero nadie ha querido dar la cara”, aseguró.

Bueno aseveró que la justicia debe ayudar a que estos casos cuestionados se esclarezcan, debido a que hay personas que permanecen en el anonimato teniendo mucha responsabilidad en los escándalos de corrupción de  esas constructoras.

El senador por el PLD, Adriano Sánchez Roa, manifestó que lo único que se sabe es acerca de las denuncias “alegres”, pero que haya o no ramificación del caso Petrobras aquí, el país estará abierto a cualquier indagación.

De su lado, el gobierno dominicano ha expresado mediante diferente ministerios que no tiene nada que ocultad sobre los contratos con las empresas constructoras de origen brasileño.

En ese orden, e l vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara, afirmó que la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina marcha muy bien, “a pesar de los intentos de sectores que, valiéndose de artimañas y denuncias falsas, han tratado de bloquear el financiamiento internacional obtenido para su ejecución”, acotó.

Jiménez Bichara defendió el monto que invierte el gobierno en la central, unos 2 mil millones de dólares mediante la empresa Odebrecht, asegurando que los costos de una planta de carbón son públicos y están disponibles en la web para todo el que quiera investigar.