Santo Domingo, RD.-El Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República firmaron un acuerdo de colaboración para que el personal en entrenamiento de mayor nivel, residentes de cuarto año, rote de manera permanente por en el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif).
En acuerdo fue firmado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino; y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
El acuerdo consigna que ambas instituciones asumen la conveniencia del apoyo de un personal médico forense, patólogos, técnicos de autopsias, anatomo-patólogos, odontólogos forenses a fin de que el Inacif pueda realizar todas las autopsias que se requieran en el Gran Santo Domingo.
“El objetivo de la separación de funciones beneficia tanto a los ciudadanos como los médicos y al personal forense”, dijo la ministra.
De su lado, el procurador Domínguez Brito señaló que con esta acción se erradica una normativa que no tenía razón legal y que hacía más difícil para los familiares el momento o la entrega del cadáver de un pariente.
“Esta normativa que resultaba desagradable queda disuelta y a partir de ahora está la disposición de entregar cadáveres a los familiares a partir de las 6:00 de la tarde, y las defunciones que ocurran que se comprueben por parte de los parientes como muerte natural no tendrán la necesidad de ser certificadas por un médico legista”, agregó el procurador.
Los médicos realizarán sus prácticas en las áreas de levantamiento de cadáveres y valoración de lesiones personales y las labores de supervisión del personal médico en entrenamiento y los médicos forenses del Instituto Nacional de Patología será realizada por el Ministerio de Salud.
El ámbito territorial de acción del acuerdo es el Distrito Nacional, y los municipios Norte y Oeste de la provincia Santo Domingo, mediante las unidades de autopsias localizadas en el cementerio Cristo Redentor y el hospital general Marcelino Vélez Santana.
El acuerdo fue concebido con sujeción a la Constitución de la República y las disposiciones contenidas en las leyes 42-01, General de Salud; 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 454-08, que creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 136-80, que declara obligatoria la realización de autopsia judicial en la instrucción preparatoria del proceso penal.