Santo Domingo, RD.-La Organización de Trabajadoras Sexuales (Otrasex), realizó una mesa de trabajo con actores claves, en la cual presentó un extracto de los resultados más impactantes del “Informe Nacional sobre Violencia Institucional de las Fuerzas de Seguridad, en contra de las trabajadoras sexuales”, realizado por dicha institución.
Míriam González, directora de dicha Organización no Gubernamental, expresó que “en los resultados de la encuesta se visibiliza la ausencia de soluciones judiciales, al momento de interponer una denuncia por parte de las mujeres trabajadoras sexuales, reflejándose temor y falta de confianza en la justicia dominicana”.
González también expresó que esta es una tendencia en el ejercicio del trabajo sexual, que se da con mayor porcentaje en mujeres jóvenes en los rangos de edades entre 19 a 30 años.
“En el Informe se muestra que un 10% de 400 trabajadoras sexuales encuestadas han realizado denuncias sobre estas violencias que ejercen sobre ellas y un 87% que no han denunciado por miedo a represalias, vergüenza, desconocimiento de cómo realizar la denuncia, miedo a ser discriminadas, no les han querido tomar las denuncias o por tener otras causas abiertas”, se quejó la directora de Otrasex.
En ese mismo tenor, González insistió en que la falta de vigilancia al ejercicio de las funciones de las fuerzas de seguridad, por parte del Estado, es lo que permite que los policías puedan cometer diferentes tipos de violencia hacia esas trabajadoras sexuales.
“Violaciones sexuales, robo de sus objetos, obligarlas a tener relaciones para no denunciarles, sobornos, extorciones, amenazas verbales, apuntarles con un arma, manoseos, golpes, empujones y tirones, son los hechos que experimentan, muy a menudo, las compañeras en el ejercicio del trabajo sexual por parte de agentes de las fuerzas de seguridad dominicana”, apuntó González.
Por tales razones, “entendemos que es importante la materialización de una ley que regularice el trabajo sexual en el país, para así evitar todas estas violaciones a nuestros derechos. Normativa adecuada que no sólo beneficiaría a las trabajadoras sexuales nacionales, sino también a las extranjeras, tales como las haitianas, venezolanas y chilenas que residen en el país y ejercen el trabajo”, finalizó González.