Santo Domingo, RD. –El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), entregó un documento sugerente a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), en el que se propone crear un renglón especial en los casos de emergencias sanitarias que permita, agilizar la captación de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio.
La propuesta se enmarca dentro de los estudios que lleva a cabo la DGCP a la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, a los fines de someter ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación que mejore la institucionalidad y modernice los procesos de compras del Estado dominicano.
“La experiencia con la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de contar con un marco jurídico que permita suplir con celeridad las necesidades del sector salud en las emergencias sanitarias. Es por eso que proponemos un régimen especial para esos casos cuyas compras sean autorizadas por la máxima autoridad del sector salud, o por el presidente de La República”, dijo Adolfo Pérez, director general de Promese/Cal.
Pérez declaró que el interés principal de Promese/Cal, es lograr una normativa moderna, ágil y que incentive la competencia y la transparencia de todos los procesos de compras que realiza el Estado dominicano, pero de manera específica en el sector de medicamentos, productos e insumos sanitarios y reactivos de laboratorio, que son parte esencial de una gestión eficiente del sector salud.
“Dada la importancia de este proyecto de ley, ponemos a disposición de ustedes a todos nuestros técnicos de la institución, abrir una mesa técnica donde se discuta la propuesta y nuestro equipo pueda aportar al mismo con el único propósito de mejorar la pieza legislativa”, expresó Pérez en una nota.
Este miércoles el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, informó que el gobierno trabaja en la conclusión de un proyecto de ley de Compras y Contrataciones que sustituiría la Ley actual, y que contempla un endurecimiento en las sanciones de tipo penal que incluyen penas de cinco a diez años.
Informó que la iniciativa está en su etapa final de elaboración y que la próxima semana será tramitada a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo previo a su sometimiento al Congreso Nacional.
“En la nueva ley de compras estamos proponiendo sanciones disciplinarias, administrativas y de tipo penal. Las penas de tipo penal serán aplicadas en los casos de violación a aspectos de las contrataciones que tengan elementos de gravedad”, indicó Pimentel.
La actual legislación solo contempla rescisión del contrato, inhabilitación, amonestación y penalidades propias del contrato en el caso de los proveedores y para los servidores públicos despido sin responsabilidad patronal y sometimiento a la justicia aunque esto sin especificar penas privativas de libertad.