Santo Domingo, RD.-La desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas son las principales causas estructurales del auge de la delincuencia, según la consulta realizada por Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, a representantes de instituciones públicas vinculadas a la seguridad ciudadana y actores de la sociedad civil.
Al socializaron con instituciones públicas y representantes de la sociedad civil los resultados de una consulta sobre seguridad ciudadana en el Distrito Nacional, la entidad sostuvo que para enfrentar la génesis estructural de la delincuencia se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción e impunidad. Además, resulta necesario que el Estado y empresarios aseguren salarios dignos y programas que permitan acceder a una mejor calidad de vida.
El estudio, coordinado por la antropóloga social Tahira Vargas, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia en el Distrito Nacional, analizando las distintas expresiones del flagelo en la niñez, juventud, familia, cultura social, organizaciones comunitarias, educación y medios de comunicación.
En la socialización de resultados de la consulta, Vargas señaló el maltrato infantil, el uso de drogas por niños y niñas, y la vulnerabilidad y desprotección de esta población frente a las redes delictivas, como las principales preocupaciones relacionadas a la niñez.
Ante esto, se sugirió distintas medidas como la implementación de programas de formación sobre violencia para las familias; el seguimiento y protección a niños, niñas y adolescentes usuarios de drogas; brindar protección y acogida a hijas e hijos de padres que no tienen condiciones para tenerlos, así como a NNA en condición de calle.
Otras propuestas para la prevención de la delincuencia fueron: multiplicar los cursos técnicos para jóvenes; ampliar las ofertas culturales y deportivas en los barrios, facilitar a las y los jóvenes el acceso a empleos; rehabilitación adecuada a jóvenes que están insertos en redes delictivas; desarrollo de programas de salud mental en los barrios; fortalecer las UNAP´s como entrada al sistema de salud con ofertas de programas de salud mental comunitaria; control de armas ilegales; y fortalecer la acción comunitaria a través de las Ong’s y las organizaciones de base.
Sobre la violencia de género se enumeraron algunas recomendaciones como ampliar el acceso a educación técnica y universitaria a las mujeres, tratamiento integral desde la Policía Nacional en prevención y casos de denuncia, capacitación para el empoderamiento de las mujeres, incluir la capacitación en género en el currículo escolar desde el nivel básico, aumentar cantidad y mejorar las condiciones de las casas de acogidas de mujeres en peligro de muerte, capacitar a líderes de organizaciones comunitarias y religiosas, y sensibilizar a ejecutivos de medios de comunicación sobre el exceso de exposición en el tratamiento de los casos de feminicidios.
Con respecto a la intervención correctiva, la antropóloga enfatizó en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de respuesta de las autoridades competentes para brindar protección y justicia a las víctimas de casos delictivos. Señaló que para producir respuestas efectivas y oportunas se requiere generar vínculos continuos entre sociedad civil, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía.
Las conclusiones de la consulta fueron presentadas a dirigentes de organizaciones sociales y autoridades de distintas instituciones públicas, entre estas los ministerios de Salud Pública, de la Mujer y de Educación, así como la Policía Nacional, para promover que se asuman compromisos formales a partir estos insumos.