Al llevarse a cabo este viernes 22 de junio la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de analizar un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación interna en Nicaragua, muchos recordarán el papel que durante décadas ha desempeñado dicha organización, no para fortalecer las denominadas democracias de las naciones latinoamericanas, sino como ente agresor y usurpador de sus soberanías, desde su nacimiento en aquella Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, una de cuyas primeras acciones fue aprobar una resolución que avalaba la “intervención colectiva regional” en Guatemala en 1954, para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz.
Todavía está fresca en la memoria la declaración de desagravio a la República Dominicana que aprobó la Asamblea General del Cuadragésimo-Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “por el rol desempeñado por el organismo regional, al dar el aval que permitió una intervención militar en el país durante la Revolución cívico-militar de abril de 1965”.
Fue en junio de hace dos años cuando la tierra de Duarte, Sánchez y Mella recibió la Declaración de Desagravio, donde se leía como punto número 1.- Lamenta la pérdida de vidas humanas y expresa las condolencias de la organización al pueblo dominicano;
2.- Desagravia al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana, y 3.- Reafirma los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.
El presidente de la República Dominicana Danilo Medina pidió, durante el acto inaugural de la reunión plenaria de la OEA en el Teatro Nacional, en presencia del secretario general del organismo, Luis Almagro, la declaración de desagravio “por esa violación de la soberanía legítima de los dominicanos, producido en 1965, y que causó muertes, dolor e indignación en nuestro pueblo”.
La OEA pidió perdón. La herida sigue ahí, y aún sangra. Los muertos no pueden resucitar.
El gran intelectual y diplomático cubano Raúl Roa García (1907-1982), conocido como el Canciller de la Dignidad, calificó al organismo como el “Ministerio de Colonias” de Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha servido para legalizar proyectos intervencionistas que solo han logrado desestabilizar y herir la naturaleza de los pueblos de la región. La historia no se equivoca.
Ahora Nicaragua
Alguien escribió en un artículo reciente: “Pareciera que hay dos Nicaragua que coexisten ahora mismo en Centroamérica. Para los organismos de Derechos Humanos solo es legítima aquella versión de Nicaragua que tiene reales, anda en Hilux serviciada todo el tiempo, clama por una supuesta paz a golpe de fusil, se viste de blanco, e intenta presentarse como vocera de un pueblo que nunca ha tomado en cuenta”.
Una estrategia bien articulada por el gobierno de los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia contra el gobierno sandinista, quien no ha dudado en declarar que tiene la voluntad política para volver al estado de normalidad de la nación y ha centrado sus esfuerzos en el establecimiento de un proceso de diálogo basado en el respeto constitucional y la institucionalización.
Grupos de la derecha nicaragüense que, como se ha publicado, todo parece indicar que ya han tenido acceso al informe que se discute en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, consideran que dicho documento se referirá a los supuestos enfrentamientos provocados por “simpatizantes sandinistas, sin pruebas que así lo respalden, contra una marcha pacífica convocada por la oposición el pasado 30 de abril, y la ola de violencia que vive el país desde entonces, de lo cual también insisten en culpar al presidente Ortega”.
La cifra real de fallecidos se ha convertido en el tema más manipulado de la oposición. Se habla de incidentes y muertes inexistentes que promueven a partir de “asideros” mediáticos con los actuales acontecimientos. Todo acto de violencia es deleznable; atroz ha sido la manera en que prendieron fuego a un militante sandinista, amarraron a jóvenes, los desnudaron y le pintaron con los colores de la bandera después de humillarlos públicamente.
¿Hablará la OEA en su informe del saqueo e incendio de viviendas con familiares sandinistas dentro; a las instalaciones públicas y privadas incluyendo varias emisoras de radio, y la forma ultrajante en que arremetieron contra quienes viajaban a Managua para asistir a una marcha pacífica?
Otro tema que preocupa: Si el amor al ser humano no admite diferencias para la Iglesia, resulta imperdonable la “excepción de personas”. No es ese el papel a jugar en una sociedad en crisis. Los obispos no pueden ser “juez y parte” a la vez. No es a la oposición a quien hay que apoyar, sino a esa Nicaragua donde el crimen organizado y el narcotráfico están ganando terreno, lo cual representa no solo un grave peligro para el pueblo nicaragüense, sino para toda la región.
Definitivamente, los problemas internos han sido incrementados por una desestabilización que entrelaza a grandes empresarios, una derecha que avala los más violentos actos, y la embajada de los Estados Unidos en el país. El informe que la CIDH no debe sorprender. La comunidad internacional verá lo que esta “ala” propone al presidente Ortega. Pero, ¿acaso no es a Nicaragua a quien le compete solucionar sus propios asuntos? ¿Qué papel juega la OEA en todo esto? Otra vez la historia se repite, ojalá que no toda.