El Poder Ejecutivo ha armado una recia ofensiva a favor de la despenalización del aborto en casos especiales como malformación, embarazo de alto riesgo o fruto de una violación, para lo cual ha abierto una rígida ofensiva contra las iglesias que insisten en que los nacimientos no pueden ser interrumpidos sin importan las consecuencias tanto para la madre como para el feto.
La posición del presidente Danilo Medina ha sido manifestada en las observaciones hecha a varios artículos del Código Penal, en lo referente al aborto. La legislación fue modificada y convertida en Ley recientemente por los congresistas.
El primero en expresarse a favor de las observaciones del mandatario fue el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien sostuvo que ninguna mujer puede ser obligada a parir un hijo que no desee o sea el producto de una violación.
Como parte del ataque y en una, aparente, presión al Congreso, este fin de semana varios ministros se pronunciaron a favor de las reflexiones planteadas por Medina, entre estos Altagracia Guzmán Marcelino, de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, pediatra y exministro de Salud y el patólogo y viceministro de Salud, Sergio Sarita Valdez, los tres amplio conocedores del tema.
También lo hicieron la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, Pedro Luis Castellanos, exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud, Chanel Rosa Chupany, director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), La diputada y miembro del Comité Político del PLD, Miriam Cabral, el médico Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro de Relaciones Internacionales de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de la Fundación Banreservas y el periodista Roberto Cavada, quien se confesó católico y dijo que apoya las observaciones del Presidente al Código Penal por ser justas y humanas.
El exministro de Salud Pública y actual ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, consideró “extremadamente correctas” las observaciones en las que el mandatario plantea la despenalización de la interrupción del embarazo, en los casos ya mencionados.
Estimó que las puntualizaciones que hace el Gobernante son valederas, porque otorga el derecho a la mujer embarazada de tomar decisiones que son de su competencia.
“La decisión del presidente Medina es valiente, responsable, visceralmente comprometida con los derechos humanos y con el derecho a la vida. Pienso que en lo relacionado a la posibilidades de interrumpir el embarazo, lo apegan bastante a la condición de liderazgo responsable y de estadista”, indicó el pediatra y exministro de Salud.
Rojas Gómez explicó que el hecho de plantear la posibilidad de preservar la vida de la madre que corre peligro ante un embarazo de riesgo o la procreación de un feto inviable, como el caso del embarazo molar, se evita la posibilidad de contraer cáncer uterino.
“Debemos diferenciar claramente entre el concepto no viable, es decir, no vida, con el concepto discapacidad. Con la discapacidad el presidente Medina está también comprometido”, aseguró el profesional de la medicina.
En lo que tiene que ver con la violación y el incesto, dijo que debe haber una decisión consciente de parte de las mujeres afectadas.
Argumentó que el tema de la interrupción del embarazo no amerita ningún rango constitucional ni ninguna condición especial y que no hay dudas del compromiso que tiene el Gobierno, pero tampoco de los integrantes del partido oficial, en el sentido de preservar la vida del ser humano, pero sobre todo, de respetar los derechos humanos y el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.
“Una mujer tiene derecho a decidir por sí sola si se le interrumpe el embarazo ante una situación de un feto con condiciones inviables para la vida. Reiteró, condiciones inviables no con discapacidades; de igual manera, el incesto, que es una condición indeseable, es una acción que la sociedad condena y reprocha, al igual que la violación” dijo Bautista Rojas Gómez.
Exhortó a los legisladores a tomar una decisión consciente, ponderada y respetuosa al derecho a la vida de las mujeres. De igual manera, señaló que fue prudente el hecho de que los congresistas postergaran las discusiones sobre el tema, las que a su juicio tendrán que estar siempre al margen de las presiones, chantajes o de cualquier tipo de distorsión.
Por su parte, Castellanos se refirió a las excepciones precisadas por el Ejecutivo al observar el Código Penal en sus artículos 107, 108, 109 y 110 relativos a la penalización de la interrupción del embarazo, solo en tres circunstancias: Cuando haya evidente y comprobado riesgo de comprometer la vida y la salud física o mental de la madre; cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto debidamente comprobados y cuando el embrión o feto tengan alteraciones genéticas incompatibles con la vida.
“Las observaciones buscan que se precise mejor aquellas circunstancias en las cuales, por vía de excepción, se podría interrumpir un embarazo, de manera que esta pueda ser una decisión de la madre, sus familiares y los médicos y otros profesionales involucrados”, expresó el exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud.
Manifestó que el objetivo es preservar el derecho de cada persona y familia, debidamente asesorada científicamente, a decidir con base a su íntima convicción y los pronósticos de potencial daño a la vida y a la salud de la mujer embarazada.
“La penalización absoluta de la interrupción del embarazo sería violatorio a derechos elementales de la mujer sobre su vida y su salud”, dijo Castellanos.
“Desde una perspectiva de salud pública, podría contribuir a incrementar el aborto clandestino y la mortalidad materna, y tendría un efecto negativo sobre la salud de las mujeres afectadas”, afirmó el especialista en salud pública y epidemiología.