La empresa INDRA, la misma que en República Dominicana se encargó de la logística del conteo de los votos en las pasadas elecciones del 15 de mayo, está siendo cuestionada en España, en los mismos términos en que la oposición lo ha hecho en el país.
A través de la plataforma Avaaz.org, con más de 50.000 firmas hasta el momento y subiendo el número de firmantes por segundos, se está pidiendo en las redes sociales una auditoría de las elecciones generales del 26 junio en España, en base a los argumentos que exponen que son estos:
- El Ministro del Interior, encargado del recuento/escrutinio de los votos, ha sido sorprendido flagrantemente utilizando las instituciones y a la Policía para destruir a rivales políticos.
- El Gobierno se saltó el concurso público y ejecutó la adjudicación del contrato para el recuento de los votos del 26-J por “procedimiento negociado” – cosa totalmente inusual en este tipo de contratos – adjudicándose a Indra, una empresa diferente que la que hizo el recuento el 20D, que ganó a través de concurso.
- Pero lo pero de todo, es que Indra está de lleno envuelta en una trama de corrupción (la Púnica) con el mismo partido que supervisa el recuento/escrutinio de las elecciones y que otorgó dicho contrato “a dedo”, el Partido Popular.
- Los resultados de las elecciones no se corresponden en absoluto con ninguna de todas las encuestas: nunca en la historia de la democracia se habían dado semejantes diferencias.
La similitud los argumentos de los partidos de oposición en el país con la de los ciudadanos en España en relación a irregularidades contractuales, franca corrupción y manipulación de los resultados electorales, validan la lucha por la democracia electoral transparente, en la que se garantice la voluntad popular.
Esto nos plantea que es necesario continuar la lucha contra el fraude electoral, independientemente de los jueces y tribunales cooptados por el PLD sigan fallando en contra de las demandas ciudadanas. Librar la lucha en todos los frentes, en los tribunales, la prensa, las calles y comunidades, con métodos diversos, que aseguren la participación popular.