De acuerdo a los denunciantes, la importación es, supuestamente, para producir cemento para la exportación. Pidieron que el presidente Luis Abinader aclare la realidad de lo denunciado
Santo Domingo, RD. –El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (Insaproma), pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, aclarar al país si traerán rockash desde Puerto Rico a Punta Catalina, en la provincia Peravia.
Las entidades señalaron que fueron informados por una fuente de entero crédito, que el Ministerio de Energía y Minas está planeando traer al país las cenizas de la planta de AES de Guayama, Puerto Rico, bajo el pretexto de ligarlas con las generadas por Punta Catalina, para, supuestamente, producir cemento tipo portland C para la exportación.
“Esto sería una verdadera locura, algo completamente insensato, increíble de que pueda llegar a ser verdad. Por eso estamos apelando al presidente de la República para que desmienta de forma clara, tajante y categórica esta información”, dijeron mediante una nota de prensa.
Señalaron que el Ministerio de Energía y Minas contrató el pasado mes de noviembre, a Stanley Consultants y a Manatt para que asesoren las modificaciones técnicas de las plantas a carbón de Punta Catalina, con el propósito de hacer posible el uso de las cenizas de esta central por las empresas cementeras.
“Fue una contratación realizada sin licitación, premiando a dos empresas extranjeras que fueron cómplices del amañamiento de la licitación del proyecto de Punta Catalina y de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en esta obra”, alegaron.
Afirmaron que las modificaciones tecnológicas que anunció el ministro Antonio Almonte, el 29 de diciembre pasado, no se pueden hacer sin que antes se realice un estudio de impacto ambiental y vistas públicos de estos cambios, porque modifican los términos de la licencia ambiental de Punta Catalina en un aspecto fundamental como es el control de seguridad del aire.
Advirtieron que los cambios que se planean efectuar en las plantas de Punta Catalina por indicación de Stanley Consultants y Manatt llevarán las emisiones de dióxido de sulfuro y de dióxido de nitrógeno a 10 veces por encima de las normas internacionales, lo que representará un grave peligro para la salud de la provincia Peravia.
“La concentración de 2 mil miligramos por Nm3 de dióxido de sulfuro y de dióxido de nitrógeno en el aire serán tan dañino o más que las inmensas montañas de cenizas tóxicas que se acumulan día a día en las cercanías del Batey San José”, observaron.
Por otro lado, recordaron que, en el año 2004, bajo la Presidencia de Hipólito Mejía, se trajeron alrededor de 50 mil toneladas de cenizas de carbón, denominadas como rockash, de la planta de AES de Guayama, Puerto Rico, que fueron depositadas en Arroyo Barril, Samaná, y en Manzanillo, Montecristi.
Explicaron que en ese entonces la importación y el depósito ilegal de rockash fue castigado por la justicia dominicana por ser sustancias tóxicas, recibiendo los funcionarios responsables penas de privación de libertad y fuertes multas.
Aseguraron que posteriormente, en el año 2007, AES fue obligada a entregarle al Estado dominicano US$6 millones para recoger y disponer estas cenizas, y en 2016, esta empresa negoció un acuerdo ante la corte de Delaware, EUA, con comunitarios de Arroyo Barril por US$37 millones por severos daños a la salud que sufrieron por estos residuos tóxicos.
Indicaron que finalmente el Gobierno dominicano pagó en abril de 2016, esta indemnización a los comunitarios de Arroyo Barril y a sus abogados como consecuencia del acuerdo suscrito en el 2007 entre AES y las autoridades nacionales que condicionó la entrega de los US$6 millones para recoger y darle la disposición final al rockash, a que el Estado asumiera en el futuro cualquier otra demanda ocasionada por estas cenizas.
Las organizaciones se preguntaron qué ha hecho el pueblo de la provincia Peravia para merecer la maldición de sufrir 400 mil toneladas anuales de cenizas tóxicas de Punta Catalina y, como si esto fuera poco, otras 280 mil toneladas anuales de estos residuos importados desde Puerto Rico.
Apelaron al Tribunal Superior Administrativo, TSA, a que detenga este ecocidio y proteja los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano de más de cien mil personas de la provincia Peravia directamente afectadas por las cenizas tóxicas y las demás fuentes de contaminación de Punta Catalina.
“Lo más trágico de todo esto es que intoxicarán el aire que respira la gente y dañará el medio ambiente, la producción agropecuaria y el turismo de la provincia, para que finalmente no se utilicen estas cenizas para producir cemento o la cantidad que se emplee sea insignificante”, manifestaron.
Afirmaron que la utilización de las cenizas de Puerto Rico en un producto para la construcción por parte de AES bajo la marca AGREMAX, terminó siendo prohibido por contaminante y esta empresa multada por estafa.
“Todavía hoy se puede leer en la Página Web de la Agencia Medioambiental de los EUA, EPA, en Puerto Rico, la suspensión del Programa de Asociación de Productos de Carbón que tenía como finalidad usos benéficos de los residuos de la quema de carbón”, subrayó.
“En vez de las autoridades dominicanas seguir el ejemplo de la asamblea legislativa de Puerto Rico que aprobó en enero del año pasado, la Ley Número 5 que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en el territorio insular, facilitarán el suelo dominicano para que sea el vertedero de la basura que está siendo expulsada de Borinquén gracias a la valiente lucha de su pueblo”, aclararon.
Calificó de absurdo que se gasten millones de dólares para que Punta Catalina siga generando cenizas tóxicas, en vez de invertirlos para convertir estas plantas a gas natural, con lo que se pondría fin definitivo a toda contaminación por la quema de carbón.