Corrupción ocupa atención justicia, ciudadanía se empodera y muestra indignación

La corrupción

Los movimientos sociales acrecentaron su lucha en contra de la impunidad

Los sometimientos por corrupción a funcionarios dominaron la atención del sistema judicial dominicano, que conoció más de una veintena de acusaciones, sin que  al final se mostraran intenciones de los tribunales de encerrar a los supuestos malversadores del erario público.

Las querellas fueron motivadas, principalmente, por grupos de la sociedad civil que en los últimos años han venido movilizándose en contra de la impunidad y reclamando castigo a los señalados de hacer grandes fortunas de manera ilícita.

Las exigencias de controles de la corrupción fueron encabezadas mayormente por Participación Ciudadana, Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), La Multitud, Masada, El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Fundación Justicia y Transparencia y el Cona, entre otros.

Entre los casos que ocuparon más la atención de la ciudadanía están los sometimientos al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el senador y exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista.

También, impulsados por las movilizaciones sociales fueron enviados a la justicia los alcaldes de San Francisco de Macorís,  Pepillo Salcedo (Manzanillo), San Cristóbal, La Terrena de Samaná; Villa Altagracia, San José de Ocoa; La Junta de Hatillo Palma, Cana Chapetón y Villa Elizabeth en Montecristi, La Romana, entre otras. Todos los titulares fueron investigados por irregularidades mostradas en el manejo de los recursos, según auditorías de la Cámara de Cuentas.

Enfrentar y castigar la corrupción significa mejorar la calidad de vida de la población

Entre los más sonados están los que involucran a los síndicos de San Cristóbal y San Francisco de Macorís,  Raúl Mondesí y Félix Manuel Rodríguez Grullón, respectivamente.

Mondesí es acusado de un supuesto mal manejo de 72 millones pesos,  cuya irregularidad fue revelada el 12 de septiembre, mientras que Rodríguez Gruñón es señalado de usufrutuar RD$400 millones.

El escándalo en el Ayuntamiento de San Francisco explotó a principios de 2014, cuando el Ministerio Público, por medio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde y otros tres funcionarios, demandados por cometer irregularidades en el manejo de los fondos, que superan los 400 millones de pesos.

Además de Rodríguez Grullón, están involucrados junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplices, el encargado de nóminas, Jerson Neris Lizardo Pérez, y la tesorera Fior D’liza Genao Hernández.

En el 2014, tampoco fue posible concluir y dejar en la cárcel al exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el reformista Héctor Rodríguez Pimentel, y un grupo de exempleados de esa entidad estatal, que envuelve más de RD$1,500 millones y US$56 millones está empantanado en la justicia.

Este año también estuvo el sometimiento al  exdirector de Bienes Nacionales (BN), Elías Wessin Chávez, en torno al fraude de más de RD$157 millones cometido durante su gestión. En junio fue exonerado de pena por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, calificado como una decisión funesta por la directora del Pepca, Laura Guerrero Pelletier, quien advirtió que ese tipo de acciones lacera las garantías fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano.

El 25 de agosto el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata,  descargó a los directores municipales de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe de la Cruz, quienes  en el ejercicio de sus funciones cometieron actos de corrupción que alcanzaron  la suma de RD$180 millones.

El proceso de corrupción más sonado en 2014 ha sido el relacionado con el senador Félix Bautista, al que la Procuraduría General de la República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que es principal accionista, y en la que también participan terceros adquirientes, de acuerdo a la acusación.

Entre los inmuebles hay  apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto, bienes que forman parte de una investigación que lleva a cabo la Pepca en contra del legislador. Entre estos se encuentran 40 edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra de 14. La lista sobrepasa los 100 bienes inmuebles en distintas partes del país, con un valor que supera los RD$3,000 millones.

Otro hecho debatido en los tribunales fue el relacionado con el exministro Víctor Díaz Rúa, sometido por el periodista Freddy Aguasvivas y la Fundación Primero Justicia, quienes lo acusan de actos de corrupción contra el Estado Dominicano, junto al empresario Mustafá Abu Naba´a.

A Díaz Rúa se le vincula con la  malversación de RD$70 millones,  pero el expediente fue engavetado por  un juez  del Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional.

Se recuerda que en 2013 las denuncias de corrupción estuvieron encabezadas por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, quien sometió ante la Fiscalía del Distrito Nacional al expresidente Leonel Fernández, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por presunta comisión de lavado de activo.

Transcurrido más de un mes de iniciado la investigación, la fiscal Yeni Berenice Reinoso dictaminó el archivo definitivo del expediente contra el exmandatario, lo que luego fue ratificado por el Primer Tribunal de la Instrucción del Distrito. Un año después de la decisión, aun persiste en la población dominicana la percepción de que la representante de la justicia no investigó las acusaciones.

Luego de perder esta batalla, el exfiscal del Distrito Nacional siguió su guerra en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que también declaró inadmisible el recurso que interpuso contra el expresidente, acusado de malversación de fondos públicos, quedándole como último recurso acudir al Tribunal Constitucional.

En este 2014,  pese a que la mayoría de los casos parecen estancarse en los tribunales, las organizaciones sociales siguen avanzando hacia un mayor nivel de ejercicio de control social, a fin de exigir y lograr justicia en los casos de corrupción.

Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, ha criticado que los controles previo, post,  legislativo y social, estén tratando de cumplir sus roles de manera dispersa y no coordinadas, lo que a su juicio reduce la efectividad contra su combate.

Dijo que por esa causa persisten debilidades encontradas en instituciones autónomas que se resisten a ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República, como es el caso de la Junta Central Electoral.

Pimentel entiende que la mejor forma de prevenir la corrupción es sancionándola y señaló que en República Dominicana hace falta castigarla, de manera que se envíe un mensaje claro de que no se va a tolera más en el país.

Algunos sectores entienden que la Suprema Corte de Justicia está integrada por jueces con vínculos políticos que les impide realizar su labor, escenario que vende la idea de que la justicia está secuestrada, lo que significa  que en gran medida su aplicación dependerá del empoderamiento y presión social.

El último informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción, en el que se miden 178 países a nivel mundial, ubica a la República Dominicana con una calificación de 32 de 100.

Tanto Participación Ciudadana como Impunidad Cero y Justicia Fiscal, entre otras entidades que están trabajando contra la eliminación de la corrupción administrativa, están demandando que los casos en poder de la justicia sean debidamente enjuiciados.

En el proceso del senador Félix Bautista, exigen que sea llevado a cabo un juicio plural y público donde se pueda demostrar efectivamente que utilizó los fondos públicos para enriquecerse.

La lucha contra la corrupción es una batalla por la salud, la educación, por la alimentación, la calidad de vida de la gente, en cuyo sentido es importante que la ciudadanía entienda que enfrentarla significa mejorar su calidad de vida.

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