La empresa minera Falconbridge dominicana legalmente está facultada a explotar a Loma Miranda, de acuerdo a lo establecido en su contrato con el Estado dominicano, firmado en 1969.
Así lo explicó este jueves, el director general de Minería, Alexander Medina, quien dijo que ese contrato tiene una duración de 75 años, pero aclaró no hay tiempo determinado porque fue otorgado antes de crear la Ley Minera, promulgada en 1971.
Al comparecer en el programa El Día, por Telesistema canal 11, Medina abundó que Falcondo tiene una concesión de explotación de Loma Miranda, pero que moralmente no puede intervenirla, ya que requiere de un permiso ambiental, el cual es ponderado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero adujo que de acuerdo al contrato que disfruta no lo necesita.
Explicó que la empresa minera posee una concesión que va desde el municipio de Maimón hasta Jarabacoa, siendo esta la autorización más grande del país, con una extensión de 35 mil hectáreas.
El director general de Minería señaló que Falcondo posee un permiso de explotación desde 1956, el cual fue refrendado por el Congreso Nacional en 1963.
El funcionario sostuvo que Falcondo y todas las empresas mineras se rigen por la legislación vigente, la cual exige un permiso ambiental, y que en caso de Falcondo esta lo solicita a Medio Ambiente, entidad que lo ha negado por considerar que su propuesta de estudio de impacto no era satisfactoria.
Comentó que el contrato de Falcondo es anterior a la Ley de Medio Ambiente, que data del año 2000, mientras que el permiso de explotación en términos de derechos mineros fue refrendado en 1969, y luego en 1988 se revisaron las cláusulas relacionadas a los acuerdos impositivos, lo cual fue repasado de nuevo en 1994.
Precisó que Falcondo tiene un derecho minero sobre Loma Miranda, puesto que de acuerdo a la Ley de Minas, cuando una entidad descubre un yacimiento tiene derecho a su beneficio.
Expuso que en Loma Miranda, Falcondo gastó dinero perforando, delimitó los terrenos y determinó que había 20 millones de toneladas de mineral. También compró el derecho superficial, en cuyo sentido es propietaria de los beneficios del derecho al subsuelo, siempre de acuerdo a su concesión minera.
Entre los acuerdo con el Estado está, además, el relacionado a la captación de los impuestos, que rigen la manera de cómo Falcondo va a tributar al Estado dominicano, en cuyo caso es la asociación más beneficiosa para el Gobierno en relación al porcentaje que recibe.
Segú los acuerdos con la minera, el Estado dominicano es dueño del 50% de todas las ganancias y dueño del 10% de las acciones de la otra mita, lo que significa que es dueño del 55% del total de la entrada de Falcondo.