Santo Domingo, R. D.- El presidente Danilo Medina recibió este martes a los miembros de la comisión evaluadora de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos.
Los comisionados establecieron que la operación es cuestionable en su esencia misma, y que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo. Y que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, así como a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
En opinión de los comisionados el procedimiento de Corde para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.
La Comisión nombrada por el presidente Medina la forman el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.
Los detalles del informe fueron ofrecidos por los funcionarios en una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
Concluyeron que la operación es cuestionable en su esencia misma. Sostienen que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo.
Segundo, señalan que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución. También en violación a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
Precisaron que el procedimiento de Corde para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.
Los comisionados manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado. Sostienen que Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes. Siendo sus inversiones muy bajas.
Informaron, además, que encontraron errores y discrepancias muy graves. Esto en los trabajos de deslinde y supervisión realizados por los agrimensores de Corde.
Recomiendan al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas. En ese sentido, recomiendan que por este punto se debe empezar.
Indican que están confiados en el que el Poder Ejecutivo tomará decisiones en virtud del interés general.
Garantizar los derechos de los adquirientes
Asimismo, concluyeron que el Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe. Igual a las entidades financieras que han financiado una parte de los fondos. Esto es con el propósito de que nadie salga perjudicado.
Finalmente, los miembros de la comisión entienden que el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado, para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos. A títulos gratuito o a titulo negocio, según su condición socio económica.
Piden informe sea remitido al Ministerio Público
Aclaran que como comisión, no están en condición de establecer responsabilidad penal. No obstante, piden que el informe se remita al Ministerio Público.
Entienden de esa manera puede determinarse si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal. Esto es, tanto de actores públicos como privados que intervinieron en la misma.
Dos protocolos de entendimiento
Entre las recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo está la implementación de dos protocolos de entendimiento. Uno con los adquirientes de la comunidad y otro con las entidades crediticias.
En lo que tiene que ver con la comunidad, explican que hay que hacer un trabajo técnico. Esto es con el fin de que haya una correspondencia entre el terreno ocupado y el título de propiedad correspondiente.
Desde el punto de vista financiero, sostienen que la intención no es perjudicar a las empresas crediticias.
El informe de 41 páginas está dividido en tres partes: relatoría del caso, conclusiones y recomendaciones.
La metodología utilizada fue la del análisis legal de toda la documentación. Se procedió a realizar entrevistas a representantes de CORDE, INFEPA y TITULATEC. Así como a representantes de la comunidad.
En este informe, se establece una relación del momento de la venta de los inmuebles hasta el presente. También incluye recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.
Presidente Danilo Medina creó comisión
La Dicom en una nota informativa recuerda que hace un mes, Danilo Medina detuvo la venta y reventa de dichos terrenos, así como los desalojos en esa localidad. La medida fue asumida mediante el decreto 392-16. También dispuso la creación de la comisión que hoy rindió el informe.
La misma cumplió con los 30 días de plazo dado en el mismo decreto para rendir el informe.
El Gobierno ha puesto especial interés en este caso. Esto es debido al sobresalto causado a decenas de familias pobres que han nacido y crecido en el lugar, destaca la Dicom.
El documento íntegro está disponible en la página Web de la Presidencia de la República. También, en los portales de las entidades representadas por los comisionados.