Autoridades EE.UU. podrán revisar redes sociales de inmigrantes desde este miércoles

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Desde este miércoles 18 de octubre entró en vigor una nueva medida aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que permite recopilar datos de cualquier inmigrante estadounidense a partir de sus perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en Internet.

Según las nuevas normas, el gobierno de Donald Trump ampliará sus registros con información disponible públicamente en Internet. La nueva política afectará incluso a quienes hayan obtenido una Green Card (residencia permanente) o sean ciudadanos naturalizados, así como a todas las personas que mantengan contacto en redes sociales con esos inmigrantes.

Los datos que comience a recolectar el DHS podrán ser compartidos por las diferentes dependencias de ese organismo, incluyendo ICE, el servicio de inmigración (USCIS) y la Patrulla Fronteriza (CBP), explicó un reportaje publicado en Univisión.

Aunque el DHS insiste en que solo se trata de una “modernización” de un reglamento vigente desde 1974, la revisión de estos datos inquieta a muchos inmigrantes en Estados Unidos.

Según explicó al citado medio, José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, “también impactará a quienes entran al país por cualquier puerto de entrada”.

Otros abogados consultados en el reporte dijeron que las nuevas medidas podrían incluso influir en el otorgamiento de la residencia legal permanente a un familiar de un inmigrante.

Según un listado publicado por el citado medio, las personas sujetas a ser vigiladas bajo las nuevas reglas son:

Ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Residentes legales permanentes.

Cualquier individuo que solicite un beneficio migratorio bajo la Ley de Inmigración (INA) a nombre de otra persona.

Las personas que actúan como guardianes legales o representantes designados en procedimientos de inmigración que involucran a una persona que tiene una discapacidad física o de desarrollo o impedimento mental (según lo autorizado por el INA).

Personas que reciben beneficios bajo la Ley de Inmigración (INA).

Personas que están sujetas a las disposiciones de aplicación de la Ley de Inmigración (INA).

Personas que están sujetas a la INA o se encuentran bajo investigación por posibles amenazas a la seguridad pública.

Personas que fueron investigadas por el DHS en el pasado.

Personas sospechosas de haber violado disposiciones civiles relacionadas con tratados de inmigración, estatutos, reglamentos, órdenes ejecutivas o proclamaciones presidenciales administradas por el DHS.

Testigos e informantes que tienen conocimiento de tales violaciones.

Familiares y asociados de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente sujetos a la Ley de Inmigración (INA).

Personas que han renunciado a la ciudadanía estadounidense.

Médicos autorizados para certificar exámenes clínicos para beneficios de inmigración.

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que certifican la cooperación de un solicitante de beneficios en la investigación o el enjuiciamiento de una actividad delictiva.

Gestores o preparadores que ayudan a un individuo que busca un beneficio de inmigración.

Intérpretes que ayudan a una persona que busca un beneficio de inmigración.

Abogados representantes legales reconocidos por la USCIS o acreditados por la BIA.

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