Santo Domingo, RD.-El agrónomo y pequeño empresario Alfredo Antonio Castillo Pichardo, clamó este lunes por justicia, ya que lleva dos años preso en la cárcel de La Victoria, según él sin haber cometido ningún delito que justifique su encierro.
En ese sentido, pidió la intervención del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, ya que está en prisión por negarse a pagar a un grupo de “farsantes” y “extorsionadores” una suma millonaria de pesos.
El profesional agrícola ha sostenido que su detención se debe a una errónea interpretación en una litis por la hipoteca y posterior venta de un solar en el municipio Santo Domingo Este, por lo cual cumplirá el próximo 29 de abril dos años en prisión preventiva, mientras los responsables del hecho no son citados ante los tribunales.
Acusó de la trama en su contra al abogado Franklin Lugo de Jesús, quien se hace representar en los tribunales por el jurista Trajano Vidal Potentini, a los fines de emplear el prestigioso abogado para, “legitimar sus falacias y pretender hacer pasar a los victimarios como víctimas, y a su víctima como el victimario”.
Castillo Pichardo aseguró que está en un limbo jurídico, luego de que el fiscal Marcos Antonio del Rosario González, de la provincia Santo Domingo, ordenó su detención el 29 de abril de 2016.
Justificó la solicitud de mediación del procurador Rodríguez por considerar que el fiscal ha actuado con premeditación y en base a un plan para perjudicarlo, en combinación con el abogado Franklin Lugo, al que acusa de orquestar una acción de estafa en la hipoteca y posterior venta del referido solar, que resultó irregular.
A la vez, requirió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, intervenga ante el limbo jurídico, pues el 9 de abril fue reafirmada la medida de coerción en su contra por un Tribunal de Mora Judicial de la provincia de Santo Domingo.
Castillo Pichardo expuso que se dedicaba a realizar préstamos con garantías hipotecarias, y se vio envuelto en la litis luego que hizo un préstamo a Martín Encarnación Montero, por recomendación del abogado Franklin Lugo, pero que al éste incumplir con los pagos, se procedió a realizar un acto de venta del inmueble, cuya propietaria es la señora Julia Filomena Zaiter Medrano.
Refirió que al Encarnación Montero no cumplir con el préstamo, el abogado Lugo le sugirió realizar una venta directa del solar, mediante la cual Zaiter Medrano se lo vende a Encarnación Montero y a él.
Indicó que luego el contrato de venta fue considerado nulo por el fiscal Del Rosario González, y a instancia del abogado Lugo y de Encarnación Montero se le apresó sin justificación.
Castillo Pichardo manifestó que a pesar de que se querelló vías sus abogados por estafa contra Encarnación Montero, la Fiscalía de Santo Domingo nunca lo ha apresado, sino que por el contrario dispuso su detención.
El agrónomo explicó que el abogado Franklin Lugo de Jesús y Martín Encarnación Montero han orquestado una “trama” para quedarse con el solar y tratan de extorsionarlo para que le devuelva el dinero pagado por la hipoteca.
Alfredo Castillo Pichardo al reclamar la investigación del caso departe del procurador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, argumentó que contra él hay denegación de derecho y violación del debido proceso de justicia, pues todos los documentos de la hipoteca y posterior venta del solar están certificados y aprobados por las jurisdicciones correspondientes del Estado.
Afirmó que el único y principal argumento de los difamadores consiste en involucrarlo en un presunto hecho que no ha cometido en violación a la personalidad de la persecución contemplada en el artículo 17 del Código Procesal Penal (CPP), al hacerlo pasar ilegítimamente de intermediario financiero y como único propietario de la parcela 183-REF-A-206 del Distrito Catastrar número 6, y así poder darle persecución y prisión.
Castillo Pichardo exigió al tribunal que se garantice el debido proceso, ya que el Ministerio Público no ha presentado nada en su contra, y se niega a realizar una investigación seria de la “trama” que formuló el abogado Franklin Lugo con Martín Encarnación Montero para quedarse con sus bienes y propiedades.