Santo Domingo, RD. –El Gabinete de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Distrito Nacional (ADN), coordina acciones contra el impedimento al tránsito que ha impuesto la Junta de Vecinos del residencial Cuesta Brava, en Arroyo Hondo, generando el caos en la movilidad de los vehículos por la carretera La Isabela.
Así lo ha informado Elizabeth Mateo, directora de Prensa y Relaciones Públicas del ADN, tras la denuncia hecha por residentes de las urbanizaciones Puerta de Hierro, Buena Vita y otros sectores aledaños, quienes son impedidos de transitar por el referido habitacional.
Debido al impedimento, en la carretera La Isabela se verifican cada día taponamiento de varios kilómetros, lo que genera intranquilidad por el tiempo que conlleva cruzar esa parte de la vía para llegar a la ciudad.
La Junta de Vecinos volvió a cerrar el tránsito por el interior del habitacional, pese a existir una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, que lo prohíbe y ordena demoler las garitas levantadas para estos fines.
La sentencia es la No.883-2009, de fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual, el tribunal ordena al síndico de entonces, Roberto Salcedo, demoler dos garitas que obstaculizan el libre tránsito en las calles Ercilia Pepin y Salomé Ureña del referido sector.
No obstante, al taponamiento de la vía principal, en la calle interior al residencial se cuentan más de una docena de muros, de los llamados policías acostados, que hacen más lenta la movilidad de los vehículos, contribuyendo de este modo al congestionamiento del tránsito.
En el lugar, se registran acaloradas discusiones entre los que quieren acceder para evadir el tapón y el personal de seguridad que le impide utilizar ese desahogo.
Algunos temen que un día pase lo peor y los miembros de la seguridad sean agredidos durante las discusiones con los usuarios de la vía.
También han indicado que ese residencial fue diseñado con tres calles para el desahogo del tránsito, que concluyen en la avenida Jacobo Majluta, pero fueron cerradas para impedir el acceso de los no residentes.
La sentencia condena a Roberto Salcedo al pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de retraso en el incumplimiento de la Sentencia de Amparo que fue solicitada por la Asociación de Vecinos de Puerta de Hierro, Inc. y la Junta de Vecinos de Buena Vista.
También existe la Resolución No. 41-2007 del Concejo Municipal que ordenó la demolición de las garitas, pero el síndico Roberto Salcedo no la ejecutaba.