Por Emilia Santos Frías
Es bien conocido que la finalidad de la función pública es buscar el bien común, el bienestar de todas y todos, por eso, la persona trabajadora tiene el deber primario de mostrar lealtad a su país, a través de sus accionar en las distintas instituciones democráticas de gobierno, siempre con prioridad al vínculo de estas con la población a la que sirve; a la función propia de cada una y su compromiso con atender las necesidades de la gente, tal como nos recomienda el Código de Ética de la Función Pública Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este recordatorio es para recalcar que cuando un empleado tiene en su haber las competencias necesarias para desarrollar el cargo para cual es elegido, así como los valores universales que amerita la buena administración pública en este siglo de la información, nunca atropellará a las personas usuarias; a los clientes que acuden a sus respectivos despachos en busca de servicios, los que, sí se ofrecen de forma oportuna, garantizan derechos fundamentales.
“Por encima del talento están los valores comunes: disciplina, amor, buena suerte, pero sobre todo tenacidad”. En ese sentido, como es del conocimiento de todos, la buena administración o la moralidad en la administración pública; el buen gobierno; estrategia del bien hacer, hoy en día está centrada en la persona, que ya ha identificado sus derechos humanos, y debe cumplir siempre sus deberes. Exigir, reclamar y demandar con espíritu cívico los derechos fundamentales, que, con ello, realiza verdadera ciudadanía social y tiene conciencia para acciona en justicia.
“El compromiso diario de la persona servidora pública, es hacer más feliz a los ciudadanos y las ciudadanas. Velar por el bienestar social, por su bien común, por vivir bien y por el buen vivir”, como bien nos reitera el connotado jurista Gregorio Montero. Como vemos, en la correcta administración del Estado, no hay cabida para el autoritarismo que se exhibía en el ejercicio de los cargos públicos otrora. Esto así, porque ese comportamiento, genera corrupción y denigra al ser humano. Hoy, tenemos la buena administración, el control político, y la transparencia, son valores que claramente hacen alusión a la diafanidad en el ejercicio de la administración de la cosa pública.
En el artículo ocho la Constitución dominicana, es templada al indicar que: “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.
Como hemos identificado, nuestra Carta Magna es garantista, jamás estará del lado de atropello o fomento de antivalores y arrogancia en las y los servidores públicos. Junto a leyes como la 41-08, 107-13, que invito a identificar de qué trata y cuáles son sus recomendaciones. Así como, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre muchas otras normativas. Por eso, es chocante cuando acudimos a una institución del Estado y nos encontramos con empleados que se resisten a desconstruir prácticas que invisibilizan derechos. Su falta de calidez, de cortesía e inercia al accionar es rampante. Sin duda, quedaron permeados de costumbres heredadas de la Era de la Tiranía y los gobiernos caudillistas, cultura que en la actualidad no debe existir.
La función, lectura y responsabilidad que se asume al optar y alcanzar un puesto en la administración pública, hoy, está basada en competencias, valores y méritos. Se coloca a la persona funcionaria pública como lo que asume: ser empleada de la persona ciudadana. Por tanto, debe ofrecer servicios óptimos, con empatía, cortesía…, basados además en la responsabilidad, eficientes y oportunidad o pertinencia, porque el buen gobierno o la buena administración pública, señala la ética, eficiencia, buen trato y el respeto a la dignidad de las personas desde el ejercicio de los cargos públicos.
“Mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino”, es una de las recomendaciones del pacifista Mahatma Gandhi. Por eso, cuando nos hacemos eco a través de los medios de comunicación de instituciones que desvinculan personal, contratan otros para desarrollar ciertas tareas, y le niegan el pago de las prestaciones o salarios laborales, identificamos claras prácticas que no forman parte del bien hacer desde la administración pública, y que por tanto debemos combatirla, con civismo, respeto y firmeza.
Someter a vejámenes a la persona trabajadora; conculcar derechos a vacaciones, a licencias, permisos; no presentar declaración juradas; negarse a que se auditen las instituciones, son actos que constituyen franca violación a las normas citadas precedentemente. Por lo que reiteramos: nuestras leyes deben ser más drásticas en cuanto a la aplicación de las sanciones que deben imponerse en estos casos.
En síntesis, en la administración pública debemos exhibir gerentes, personal, con capacidades, aunque sean básicas, para desempeñar puestos en la gestión de la cosa pública. Siendo honestos y responsables, para gestionar en valores y rendir cuenta. Siempre con compromiso social; que entienda la misión del Estado y de su cargo, conforme a la realidad existente. Solo así se realizan aportes necesarios y se llevará felicidad a la gente, al eliminar desigualdades, pobreza y corrupción administrativa. Siempre ejercitando políticas de inclusión social, que guíen a la democracia plena; al buen vivir.
Porque ella, se enriquece al otorgar servicios pertinentes, que nos hacen felices. La felicidad está hecha para ser compartida, y como bien sabemos, es el propósito de nuestras vidas, a eso hemos venido, a ser felices, y es deber de la administración pública, garantizarla.
Hasta la próxima entrega
La autora reside en Santo Domingo
Es educadora, periodista, abogada y locutora.
santosemili@gmail.com